El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español por la publicación al diario La Razón de la fotografía del DNI de 33 magistrados y jueces catalanes que se habían pronunciado a favor del derecho a decidir. En la sentencia hecha pública este martes, el tribunal sostiene que se ha vulnerado el derecho a la intimidad de los jueces y magistrados que aparecían en el artículo publicado en marzo del 2014 bajo el título La conspiración de los 33 jueces soberanistas'. Según la sentencia del tribunal con sede en Estrasburgo, el hecho de que existieran estos informes policiales "recogidos sin ser de acuerdo con ninguna ley" ya supone una violación de derecho a la intimidad de los afectados.

Los magistrados y jueces afectados presentaron denuncia, que fue desestimada, en primera instancia, por un juzgado de Madrid, que consideró que la filtración policial era constitutiva de un delito penal, pero no se podía atribuir a una persona concreta. La Audiencia de Madrid, en abril del 2016, se pronunció también en sentido contrario a la admisión de la denuncia y veinte de los afectados decidieron presenta una demanda delante del TEDH, que hicieron efectiva el 26 de abril del 2017. Ahora el Tribunal ha considerado que, con la filtración y publicación de las fotografías, se vulneró el derecho a la intimidad de los 33 jueces y magistrados.

 

Vulneración del derecho a la intimidad

El tribunal sostiene que se ha vulnerado el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos en relación con el derecho a la vida privada y familia. En la opinión de la sala se ha producido una invasión de la intimidad de los afectados. El tribunal sostiene que no solo ha habido una injerencia de la policía en la privacidad de los afectados, cuando| su obligación "es proteger activamente al individuo de injerencias arbitrarias" en su vida privada, sino que eso se ha hecho sin que hubiera ninguna disposición legal interna que autorizara la compilación de la información sobre los afectados porque no está relacionado con la comisión de ningún delito.

El tribunal destaca que los informes contenían "datos personales, fotografías y cierta información profesional (parcialmente extraída de bases de datos de identificación de la policía) y, en algunos casos opiniones políticas, que violan el derecho a la intimidad. Es incuestionable, subraya, que los datos de los jueces y magistrados se extrajeron de las bases de datos policiales.

El Estado español, responsable

El TEDH reprocha al Estado español que no se comprobó a quien fue el responsable de la filtración de los datos personales para elaborar los informes, que después fue publicado por el diario La Razón. Así, destaca que aunque se citó a declarar algunos testigos durante la instrucción judicial, "habría sido necesario haber tomado declaración al Jefe de la Policía de Barcelona" contra quien se presentó la denuncia y que era el responsable de la base de datos policial. Eso, la sala concluye que el Estado español incumplió sus obligaciones según la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Por esta razón, el TEDH condena al Estado español a indemnizar a los veinte demandantes con 4.200 euros en concepto de daños morales y 3.993 por gastos y costas.

Confesión del comisario Pino

Precisamente, el 31 de mayo pasado El País aseguraba que la policía patriótica que dirigió el comisario Eugenio Pino entre 2012 y 2016, durante el mandato del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, hizo investigar en secreto los 33 jueces que firmaron un manifiesto en favor del derecho a decidir. El manifiesto se firmó el febrero de 2014, año en que se celebró la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre, y las fotos de estos magistrados se publicaron en el diario La Razón. Las imágenes habían salido de la base de datos policiales del DNI y Pino, viendo que se acercaba un problema, planeó la manera de eliminar los registros para evitar que se los relacionara con la filtración de fotografías. El citado medio consiguió esta información gracias a las múltiples grabaciones confiscadas al excomisario José Manuel Villarejo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se quejó sobre la investigación, pero también que los jueces se pronunciaran en un manifiesto, que era muy mesurado y jurídico