El Tribunal Administrativo de Montpellier ha rechazado en el Consejo Constitucional la petición de Elna a fin de que este último se pronuncie sobre el uso del catalán a los plenos municipales. Todo, empezó hace unos meses, cuando Elna reconoció el derecho a hablar en catalán a los plenos municipales, lo cual denunció el Estado francés. El alcalde del municipio de la Catalunya Nord, Nicolàs Garcia, presentaron ante este tribunal una cuestión prioritaria de constitucionalidad a fin de que el Constitucional francés dirimiera sobre la ley de 1539 que alega al prefecto en su denuncia y según el cual se consagra el uso de la lengua francesa en el ámbito jurídico. Sin embargo, por ahora, esta no llegará al Consejo.

"No ha ni llegado en el Constitucional y el mismo tribunal que juzgará la denuncia nos ha dicho que no se podía presentar y ahora nos queda esperar que nos convoque y decida si tenemos razón nosotros o el prefecto", lamenta Garcia, en declaraciones recogidas por la ACN. A pesar de todo, Garcia se muestra optimista y afirma que todavía hay posibilidades de "ganar". "A diferencia de Córcega, a quiénes han rechazado la petición de hablar en catalán a la Asamblea, nuestro reglamento fija que la traducción al francés es obligatoria y creemos que eso nos ayudará", remarca y no descarta llevar|traer la causa en Europa.

El primer municipio de la Catalunya Nord

Hace mucho un año, en abril del 2022, Elna se convirtió en el primer municipio de la Catalunya Nord al reconocer los derechos a hablar catalan en sus plenos. Aunque Francia creó mecanismos como la oficina pública de la lengua catalana para fomentar su uso, este movimiento del Ayuntamiento de Elna se vio como intolerable y les denunciaron.

¿Bajo qué excusa se denunció este reconocimiento lingüístico? La justificación que se recoge a la citación plantea que "cualquier elemento susceptible de estropear los principios fundamentales de la República y la jerarquía entre lengua oficial y lenguas regionales" se considera como una "reivindicación de la identidad cultural" que choca con los postulados de las asambleas deliberativas de las comunidades.

En aquel momento, Garcia ya adelantó que desde el consistorio se acudiría a los tribunales y así ha estado. Sin embargo, el posicionamiento de la justicia francesa no ha sido favorable. El Tribunal Administrativo ha respondido rechazando la petición. "El mismo juez que nos juzgará por eso nos ha dicho que no vale la pena que la pregunta llegue al Constitucional", asegura al alcalde. En concreto, la resolución concluye que no es necesario elevarlo al Constitucional porque la Constitución francesa ya impone el uso del francés "a las personas jurídicas de derecho público y a las personas en derecho privado en el ejercicio del servicio público" y considera que las disposiciones de la normativa de 1539 "en sí mismas, no pueden vulnerar la libertad de expresión y el principio que establece que las lenguas regionales son parte del patrimonio de Francia".