El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. El cese del coronel fue ordenado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo apartó de la dirección de la Comandancia de Madrid después de que Pérez de los Cobos se negara a informar a sus superiores sobre la investigación que había abierta en torno al 8-M de 2020. Así, el Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) del 15 de septiembre del 2021, que avaló su cese, al considerarlo legal.
Según informa el Tribunal Supremo, la sentencia se dará a conocer en los próximos días. Entonces se sabrán los detalles de la decisión del Supremo. Sin embargo, por ahora, es un golpe para Marlaska, quien en un primer momento achacó el cese a razones de organización internas y lo desvinculó de este informe. Posteriormente, alegó "pérdida de confianza", ya que sostuvo que el suyo era "un cargo de confianza". Con esta postura, el ministro de Interior justificaba que no debía justificar tanto el motivo de la destitución, porque simplemente es un cargo adjudicado de forma arbitraria bajo el criterio del ministro, que puede cambiar.
Desde el Ministerio de Interior se limitaron a afirmar que se encuentran a la espera "de conocer el contenido íntegro de la resolución para poder proceder en consecuencia con los motivos técnicos que indican el Alto Tribunal". Además, sostuvieron sus motivos para destituirle: "El Ministerio de Interior reitera que las razones de fondo que decidieron el cese persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad".
Diego Pérez de los Cobos y su cruzada contra el independentismo
El escándalo de la investigación del 8-M de 2020 no es la única acción polémica en su carrera. Pérez de los Cobos ha sido una de las puntas de lanza del Estado contra el independentismo. Cayó en sus manos el encargo de coordinar el dispositivo policial del 1-O en Catalunya y tomó el mando de los Mossos en la Generalitat.
A Catalunya llegó el 23 de septiembre del 2017 con la misión de impedir el referendum y se puso al frente de todos los cuerpos policiales para coordinar los dispositivos del 1-O. Posteriormente, ante el Tribunal Supremo, llegó a reconocer que consideraba necesario detener el referendo como exigía el mandato judicial al margen de cómo se hiciera. Sin embargo, no reconoció si ella había dado ninguna instrucción de cargar contra los ciudadanos que participaban en las votaciones.