“No hay razones para dudar de la tarea y celo” de la Guardia Civil. El Tribunal Supremo sigue su camino y descarta la petición del fiscal general del Estado de suspender cautelarmente el análisis del material que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le confiscó cuando le registró su despacho. Así lo ha decidido el juez de instrucción, Ángel Hurtado, tanto con respecto a Álvaro García Ortiz como a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, los dos investigados por un presunto delito de revelación de secretos en la causa de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de mensajes y correos electrónicos que estaban en el ordenador de trabajo y en el móvil del fiscal del Estado, que contenían información de muchas fiscalías que tienen en marcha “investigaciones sensibles”. Los investigados recelaban del acceso inmediato que podrían tener en el material confiscado «terceros externos al tribunal», pero ahora el magistrado lo desmiente aduciendo que el material “se puso en manos de una unidad de policía judicial, de la tarea y celo de la cual no hay razones para dudar, como la práctica judicial ha venido demostrando”. Celo entendido como el “cuidado eficaz que se pone en el cumplimiento de sus obligaciones”.

“No niego que entre el material intervenido pueda haber información de otro tipo, que no sea de interés para la investigación”, reconoce Ángel Hurtado en una providencia. Pero esgrime que eso “no es una cosa diferente de lo que suele suceder” con otro tipo de intervenciones, como las telefónicas, y subraya que el registro y análisis del material confiscado “se practica bajo el secreto de sumario”. “Una vez realizada la diligencia, se acordará lo que proceda en caso de que, efectivamente, aparezca otro tipo de información”, añade. En concreto, Ángel Hurtado autorizó la “intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático que haya podido ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas”, cosa que incluía la incautación de los teléfonos móviles y “otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera llevar (tableta, portátil y otros)”. De la misma manera, dio luz verde al volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles en las redes sociales y otros repositorios de información en Internet administrados por Álvaro García Ortiz, además de la información que “se encontraba en los servidores”.

Además, ahora el juez también rechaza que el análisis de la información intervenida se limite al periodo comprendido entre las diez de la noche del 13 de marzo y las 10.20 horas del 14 de marzo, como pedía Álvaro García Ortiz. Asimismo, descarta que haya una extralimitación del objeto del proceso por el marco temporal que se fijó (del 8 de marzo al 30 de octubre), ya que “dentro de este marco había que diferenciar la necesidad de recoger material en orden en un eventual aseguramiento de prueba que pudiera perderse y la parte concreta a lo que, en aquel momento, se consideró objeto de investigación”. Recuerda que, para evitar dudas, se dictó un auto limitándolo al periodo entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 y destaca que el ritmo de la instrucción, que acaba de iniciarse, es el que “tiene que marcar las pautas y el alcance de lo que se vaya acordando”.

 

El fiscal general del Estado pidió anular la entrada

Entre las peticiones del fiscal general del Estado, había la de anular la entrada y registro de su despacho en la Fiscalía por “manifiesta y notoria desproporción”. La Abogacía del Estado, que representa a Álvaro García Ortiz, aseguró que en la información requisada a través de la incautación masiva de correos y mensajes de los dispositivos electrónicos confiscados hay “información que puede comprometer la seguridad del Estado”. En un recurso, esgrimieron que las diligencias de entrada, registro, clonado, volcado e incautación de sus dispositivos de almacenamiento “constituye seguramente el perjuicio mayor (el tiempo dirá si irreparable) que se ha causado en la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid”.