Pablo Llarena ha movido ficha. La jugada del magistrado que investiga el referéndum y mantiene a 28 imputados, entre los cuales, el Govern de la Generalitat, la antigua Mesa del Parlament, máximos dirigentes de los partidos independentistas y los representantes de la sociedad civil, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart abre un jaque mate en la partida judicial.

Una hora después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunciara la renuncia de Jordi Sànchez a ser investido president de la Generalitat, y ante la posibilidad de que Jordi Turull, uno de los imputados ocupara la presidencia del país, Llarena aceleró la máquina: anuncio de procesamiento y citación para decidir si los acusados que han mantenido el acta de diputado tienen que entrar o no en la prisión.

No hay ni un abogado que mantenga un mínimo de esperanza ante una nueva entrada en la prisión. Hoy hay prevista una vista de medidas cautelares y podría volver a haber una entrada en bloque en el centro penitenciario.

Preguntados por El Nacional las respuestas de los letrados sobre cuáles son sus expectativas y cómo ven la vista, son exclamaciones pesimistas: "mal, no lo quiero ni pensar, es la guerra", "es una masacre". Y algunos auguran lo peor: que Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira entrarán todos en la prisión. Las expectativas más positivas es que sólo lo hará Turull. Y si eso pasa, será la primera vez que se hace la segunda vuelta de votaciones de una investidura con el candidato a president de la Generalitat en la prisión.

De esta entrada a la prisión y del escrito de procesamiento que conoceremos hoy cuelgan las posibles inhabilitaciones. Para inhabilitar a los diputados hace falta el procesamiento y que estén en prisión provisional. No es suficiente con una de las dos condiciones.

Que la Sala de lo Penal del Supremo donde se presentaron los recursos de apelación haya denegado la libertad a Joaquim Forn y haya seguido el criterio de Llarena, también da pistas de lo que puede acabar pasando.

Los seis diputados citados o estuvieron en la prisión o la Fiscalía la pidió en algún momento de la instrucción. El juez no ha citado a los consellers del Govern que, a pesar de ir en las listas, han renunciado ahora a su escaño como Carles Mundó o Meritxell Borràs. De hecho, ayer, a última hora renunciaban también Carme Forcadell, Marta Rovira y Dolors Bassa. Bassa estuvo un mes en Alcalá Meco y Forcadell una noche cuando todavía era presidenta del Parlament. El movimiento de anoche después de la primera ronda de votaciones del pleno de investidura busca rebajar la percepción de la reiteración delictiva y no entrar en la prisión.

VOX, el referente sorpresa

Pablo Llarena preguntará mañana a la Fiscalía, a la abogacía del estado y a VOX si les quiere mantener en libertad provisional o si creen que pueden incurrir en la reiteración delictiva y por eso hay que encerrarlos en la prisión hasta que no se haga el juicio. Y eso, aunque el juez hoy mismo ya comunicará el auto de procesamiento, quiere decir que como mínimo estarán un mes en la prisión, como poco, porque ha decretado una pieza secreta para seguir investigando y ha dado 30 días a la Guardia Civil. Por lo tanto, el caso no se cerrará hasta más adelante.

VOX, la acusación popular, que en este caso está teniendo un papel de actor principal, ya ha avanzado que pedirá la prisión para todos. "VOX mantendrá la misma posición que ha sido corroborada por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo en defensa siempre del Estado de Derecho, la Justicia y la unidad de España. Los servicios jurídicos de VOX están estudiando la posibilidad de pedir prisión provisional para los seis encausados que están citados el viernes en el Tribunal Supremo", ha adelantado el sindicato de ultraderecha.

La Fiscalía no quiere avanzar nada, al menos oficialmente, hasta que se comunique su petición durante la vista. Eso no quiere decir que se empiecen a filtrar informaciones sobre qué hará el Ministerio Público, como ha ido pasando en los días clave del caso.

Y Llarena tendrá que decidir en función de lo que le pidan. Si hasta ahora lo que decía la Fiscalía marcaba el rumbo, desde el recurso de apelación de Joaquim Forn, donde la sala ha hecho caso a VOX y ha obviado la libertad bajo fianza que pedía la Fiscalía, se abre un nuevo escenario todavía más incierto de lo que ha estado marcando todo el caso.

La petición de prisión o no irá fundamentada con la gravedad del delito, también es que hoy Llarena informará a todas las partes de los delitos por los cuales se los juzgará. Aunque ahora están acusados de rebelión, sedición y malversación, es una acusación provisional que se acaba delimitando cuando se cierra la instrucción. En este caso, el magistrado también ha movido ficha rápido porque todavía no está acabada toda la investigación de la causa. Pero Llarena parece haber pisado el acelerador ante la investidura.

Procesados

El escrito de procesamiento es importante para todos los acusados. Para los que están en la prisión también. Sabrán por qué delitos se les juzgará y eso cerrará definitivamente, y más si entran nuevos acusados en la prisión, la posibilidad de salir en libertad antes del juicio. Un hecho que tampoco se preveía que pasara.

También se sabrá hoy por qué delitos se acaba juzgando al resto de imputados. La Mesa del Parlament, Artur Mas, Marta Pascal, Mireia Boya y Neus Lloveras. Llarena dirá si continúan todos investigados y van todos a juicio o si hay alguien que se acaba descolgando de la instrucción y queda sin cargos.

Y también tendrá que decidir a partir de este momento qué hace con el Govern en el exilio y con Anna Gabriel. Hasta ahora el pretexto de Llarena para no dictar orden de detención era que hacía falta el escrito de procesamiento. Hoy ya definirá los delitos y se verá si tienen validez en los códigos penales de los países donde están Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Anna Gabriel. O sea, si los códigos penales de Bélgica, Escocia y Suiza prevén las extradiciones por los delitos que se les imputen.