El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha elevado un escrito a la Sala Segunda del órgano judicial para proponer dirigir un suplicatorio al Congreso de los Diputados que permita proceder penalmente contra el diputado del Partido Popular, Alberto Casero —quién también es recordado por su error en la votación de la reforma laboral—. El juez ve "indicios racionales" de presuntos delitos de prevaricación y malversación que se habrían cometido durante la etapa en la que Casero fue alcalde de Trujillo (Cáceres) y que concretamente estarían relacionados con algunos acuerdos y contratos de servicios efectuados entre el 2017 y 2018.
Palomo razona que hay indicios que Alberto Casero "concertó contactos de servicio, patrocinio o convenios con diferentes personas o entidades incumpliendo todo tipo de formalidad exigida por la normativa aplicable en cada caso". La investigación está abierta desde el mes de marzo, que fue cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo elevó una exposición razonada en la que veía un presunto delito "continuado" de prevaricación administrativa por parte de Casero. La Fiscalía añadió que también habría cometido un presunto delito de malversación.
En la exposición elevada a la Sala Segunda, el magistrado Andrés Palomo destaca la detección de "contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad en aquellos supuestos en los que la cuantía de estas lo requería". Paralelamente, el juez apunta que había una "elusión de los mecanismos de control" por parte de Alberto Casero y señala que lo que encaja con el delito de prevaricación es precisamente el hecho de que hubiera "asunción directa de pagos" por la prestación de servicios en los que el municipio de Trujillo era sólo una parte. Para más inri, el magistrado sostiene que los hechos investigados también apuntan a un delito de malversación, dado que el diputado popular, en su condición de alcalde, "se habría excedido de sus facultades de administración del patrimonio del consistorio", hecho que habría contribuido a un "perjuicio" que eleva además de 50.000 euros por pagos que "no competían al Ayuntamiento de Trujillo o que se realizaron por servicios no prestados".
Más específicamente, entre los contratos que hay bajo sospecha, en marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para prestar servicios al consistorio en materia de violencia de género. Ahora bien, explica el juez que el entonces alcalde de Trujillo "no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se hizo un expediente de contratación, ni se realizó el preceptivo informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio ni tampoco se aprobó el gasto". Otro ejemplo se remonta en septiembre de 2017, cuando Alberto Casero firmó un contrato con el presidente de la Cambra de Comercio del Perú en España con el cual comprometía el Ayuntamiento a un pago de 25.000 euros. El problema radica en el hecho de que no se rindió cuentas a los servicios económicos y jurídicos del consistorio, el acuerdo no fue aprobado previamente ni tampoco se sometió a información pública (no se publicó en el Boletín Oficial del Estado), indican las pruebas documentales.
El año 2018 se efectuó un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo por un importe superior a 15.000 euros. En estos casos, debido a la cuantía, hay que seguir el procedimiento de licitación y adjudicación, pero se recurrió a la contratación menor, que es el mecanismo a seguir cuando no se supera el umbral de los 15.000 euros.
El juez rechaza archivar la causa
Además de seguir los trámites para poder juzgar al exalcalde de Trujillo, solicitando el suplicatorio al Congreso de los Diputados dado que Casero tiene la condición de aforado en tanto que diputado, el magistrado Andrés Palomo ha dictado un auto en que rechaza el archivo de la causa, petición que había hecho Alberto Casero. La decisión del juez se basa en el hecho de que "resulta necesaria la investigación efectiva de conductas susceptibles en integrarse en delitos de prevaricación y malversación". El dirigente del Partido Popular había defendido —y mantiene— que no ha cometido ningún delito de prevaricación "aunque pudiera haber problemas administrativos en los acuerdos y contratos" investigados.
En sede judicial, Alberto Casero admitió que la tramitación de estos contratos "no había seguido los procedimientos administrativos pertinentes", pero que "en ningún caso suponen una desviación de poder". Además, según Casero, "por más errores administrativos que pudieran existir, y que dado el funcionamiento y precariedad de mediados del Ayuntamiento son perfectamente comprensibles, todos los trabajos contratados se efectuaron y prestaron". Después de la declaración, la Fiscalía se mostró contraria a la petición de Alberto Casero de archivar la causa y el magistrado del Tribunal Supremo ha confirmado este lunes que no da el caso por cerrado.