El Tribunal Supremo ha confirmado la situación de rebeldía del president Carles Puigdemont y de los consellers en el exilio, declarada por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, hace un año. También ha ratificado la suspensión automática para ejercer cargo público para todos ellos.
La Sala de lo Penal del Supremo ha revisado los recursos interpuestos por Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín contra los autos de Llarena dictados en julio de 2018 en los que se acordaba ambos supuestos.
En el caso de la declaración de rebeldía, los magistrados entienden que concurren los requisitos legales para adoptar dicha decisión. Además, destacan que los recurrentes han abandonado España desde que conocieron la posibilidad de ser sometidos a un proceso penal, por el que ya han sido juzgados 12 personas, con la evidente finalidad de situarse fuera del alcance directo de las autoridades españolas.
En cuanto a la suspensión de funciones, la Sala explica que se trata de una medida cautelar proporcional a la gravedad de los hechos que se aplicó después de que existiera un auto de procesamiento firme contra ellos por un delito de rebelión.