Los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Castilla y León y Extremadura se han mostrado contrarios a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez.
El tribunal madrileño, por ejemplo, considera que el borrador "no se ajusta a la Constitución", dado que "elude el consenso parlamentario necesario" y deja en manos de la mayoría política, "sea la que sea", la conformación del órgano que vela por la independencia judicial, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De su lado, el tribunal extremeño ha aprobado por unanimidad rechazar cualquier modificación legislativa que "suponga una merma en las garantías de independencia judicial, como la propuesta de ley presentada el 13 de octubre del 2020".
También se muestra contrario a la reforma el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que opina que la independencia judicial "solo se conseguirá siguiendo las recomendaciones del informe Greco y de la Comisión de Venecia, mediante la designación directa de los doce vocales judiciales del CGPJ por los mismos jueces y magistrados".
Desbloqueo del CGPJ
Al mismo tiempo, el tribunal castellano-leonés pide que se produzca "el desbloqueo inmediato" de la renovación del CGPJ y del resto de órganos constitucionales, apartando estos procesos de "cualquier confrontación política" que "pueda ofrecer una apariencia de contaminación" que comprometa "la necesaria independencia".
Finalmente, el Colegio de Abogados de Madrid también rechaza una reforma que considera de "dudosa constitucionalidad", a la vez que alerta que pondría en "riesgo gravísimo" la "percepción general sobre la necesaria independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo".
Por estas razones "objetivas y, por lo tanto, por completo alejadas de cualquier planteamiento partidista", el Colegio de Abogados de Madrid reclama un "entendimiento urgente" de la clase política para desencallar la renovación del CGPJ "sin alterar el marco normativo actual".
Hay que recordar que el órgano de gobierno del juez está pendiente de renovar desde hace dos años. Para hacerlo, sin embargo, hace falta una mayoría de tres quintos al Congreso de los Diputados, hecho que obliga los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, a ponerse de acuerdo.