El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de tres años de prisión y dieciséis de inhabilitación para el exalcalde de Sabadell (Vallès Occidental) Manuel Bustos (PSC) para ordenar a la Policía Local que retirara multas de sus familiares. Al detalle, la Audiencia de Barcelona condenó al exalcalde porque en el 2012 ordenó a este cuerpo policial que retirara las multas de tráfico de su esposa e hijos, según la sentencia en la cual ha tenido acceso EFE.
Esta es la segunda condena firme contra Bustos derivada de la investigación del caso Mercurio, sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Sabadell. En este sentido, en el 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al lado del exnúmero dos del PSC Daniel Fernández, para usar su influencia sobre una alcaldesa socialista para que diera trabajo a una ex alto cargo del tripartito. En esta primera condena, de un año y nueve meses, el TSJC acordó suspender el ingreso en prisión. Ahora bien, sus perspectivas de eludir a la cárcel en esta ocasión se complican a causa de esta segunda sentencia firme.
Además, Bustos fue declarado partícipe a título lucrativo en una trama de desvío de fondo del Consell Comarcal del Vallès Occidental, también en sentencia firme, y figura como investigado en cuatro de la treintena de piezas en qué derivó la operación del caso Mercurio, que estalló hace ocho años.
Detalles del caso de las multas
De hecho, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce la acusación popular en esta trama delictiva, ha exigido el ingreso en la prisión del exalcalde, así como del exintendente de la Policía Local Josep Miquel Duran, condenado a quince meses y un día de prisión y a once años y medio de inhabilitación por haber anulado las multas a los familiares del exalcalde.
Además, esta plataforma reclama al ayuntamiento de Sabadell, acusación particular en la causa por las multas, que "actúe también en consecuencia" en su función de "lucha contra las prácticas corruptas", tal como se recoge en un comunicado.
Las gestiones del exalcalde socialista para que se saldaran las multas a su familia se destaparon en las intervenciones telefónicas que acordó un juez de instrucción de Sabadell, a raíz de las sospechas de presunta corrupción de empresarios y concejales del consistorio.
Precisamente, el Supremo avala en su sentencia las intervenciones telefónicas del caso, al entender que las actuaciones judiciales que acordaron las escuchas no sólo estuvieron motivadas, sino que se basaron en "un conjunto de indicios suficientes que justificaban la injerencia", ya que apuntaban a "posibles actuaciones irregulares entre varios cargos del Ayuntamiento".
La sentencia del Supremo solo corrige la de la Audiencia de Barcelona sobre el alcance de la inhabilitación de Bustos, que precisa que tiene que extenderse "a cargos o empleos por elección en la administración local, provincial, autonómica o estatal". Además, el TS considera que en este caso concurren los requisitos para el delito de tráfico de influencias porque el exalcalde ejerció una "sugestión" sobre el intendente, aprovechando su "superioridad jerárquica para la consecución de un acto dirigido a obtener un interés económico directo, interfiriendo en el proceso de toma de decisión de una resolución administrativa".