La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha acordado enviar a la exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel a juicio por desobediencia a la Audiencia de Barcelona. El alto tribunal ha confirmado la conclusión del sumario dictada por el magistrado Pablo Llarena en la causa del procés, y ha constatado que no es competente para juzgar a Gabriel, ya que ya no es aforada. Así pues, ha remitido la causa a la Audiencia de Barcelona, el órgano competente para tramitarla.
La exdiputada de la CUP volvió del exilio el 19 de julio y compareció delante de Llarena, que la dejó en libertad. Gabriel volvió al estado español después de más de cuatro años exiliada en Suiza. Según un escrito del Tribunal Supremo, compareció voluntariamente con la finalidad de ponerse a disposición del alto tribunal y regularizar su situación procesal, después de marcharse fuera a raíz de su implicación en el procés independentista. Después de su comparecencia, el magistrado instructor, Pablo Llarena, decidió citarla para ser interrogada en fechas próximas y con participación del resto de las partes personadas en el proceso. Una vez hecha la citación, quedó en libertad provisional y volvió a Suiza.
La decisión tiene lugar después de que el septiembre pasado el magistrado instructor Pablo Llarena acabara el sumario respecto de Gabriel después de tomarle declaración. El proceso relativo a la exdiputada de la CUP se reactivó en julio del año pasado, cuando la dirigente compareció voluntariamente delante del Supremo después de volver de Suiza, donde estaba exiliada después de ser procesada en el 2018. En su declaración en sede judicial, Gabriel negó haber cometido un presunto delito de desobediencia por su supuesta implicación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Catalunya. Cuando salió, dijo a los medios que esperaba que la causa se archivara o se enviara a un juzgado en Barcelona.
Presunto delito de desobediencia
Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, Gabriel declaró durante poco menos de media hora ante el juez Llarena, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox. La dirigente rechazó contestar las preguntas de los servicios jurídicos del Estado y las de la formación liderada por Santiago Abascal. Las mismas fuentes precisaron que el Ministerio Público preguntó a la exdiputada si en el 2017 recibió algún requerimiento del Tribunal Constitucional en qué se le advirtiera que no podía impulsar una iniciativa parlamentaria que comportara la independencia de Catalunya. Gabriel dijo que no, que no recibió ninguna notificación y que, por lo tanto, no habría cometido el delito de desobediencia que se le atribuye.