El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que aclare si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cometido el delito de revelación de secretos por haber ordenado de emitir un comunicado, donde la Fiscalía aclaraba la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, según ha informado el tribunal este lunes. En concreto, el magistrado pide a la sala segunda del Tribunal Supremo que considere, si así lo estima procedente, declararse competente para la continuación de la investigación, puesto que sostiene: “Nos encontramos ante la tesitura que la total prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado”.
Alberto González Amador presentó una querella contra los fiscales María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal en jefe de la Fiscalía de Madrid, y Julián Salto Torres, fiscal de la sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía, por haber dado detalles fiscales suyos. Los dos indicaron que era una medida acordada con su superior, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y ahora, como el TSJM no puede investigar el fiscal general porque por su aforo es competencia del Supremo, le deriva la investigación.
García Ortiz se mantiene al frente de la Fiscalía General del Estado
El fiscal general ya asumió toda responsabilidad en este caso, y en un escrito indicó al magistrado del TSJM que él era el máximo responsable de este comunicado a los medios de comunicación, y en el cual, desmentía que se hubiera parado un principio de acuerdo con Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal. Desde la Fiscalía General del Estado también se informó que García Ortiz no dimitirá si al final es imputado por esta causa, y que gran parte de los datos de González Amador ya se habían divulgado en algunos medios de comunicación.
Precisamente, Garcia Ortiz ha emitido un comunicado este lunes al conocer la resolución del TSJM, en el cual asegura que la exposición razonada al Supremo es un trámite lógico y que este hecho "no tiene que impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución ni, por supuesto, el trabajo ordinario del Fiscal General".
Archivada la querella para un fiscal
En una segunda resolución, el magistrado ha cerrado la investigación contra los dos fiscales, a quienes se dirigía inicialmente la querella de Alberto González Amador, por haber informado sobre su acuerdo con la Fiscalía y admitir un fraude fiscal a Hacienda y no ir a juicio. Ahora, el magistrado acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto del fiscal Salto Torres, al entender que las diligencias de investigación practicadas “ponen de relieve, sin mayor duda, que su actuación con relación a la elaboración de la nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental”.
Por el contrario, el magistrado no archiva la causa contra la fiscal Rodríguez Fernández porque sostienen que "su participación en los hechos no ha quedado nítidamente establecida, como en el caso del otro querellado". Añade que "su actuación, en principio, va más allá, y así se hace referencia al previo concierto para la elaboración de la nota informativa con el Fiscal General del Estado, reconoce que se le envió el borrador de la nota para comprobar que era correcta y tenía conocimiento de la preocupación que había en la Fiscalía General del Estado de salir al paso de un “bulo” que se consideraba falso, por lo que tuvo conocimiento – o pudo intuirlo con certeza, que los datos remitidos y plasmados en la Nota, podían ser divulgados, como efectivamente ocurrió".