Portazo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El tribunal del 1-O -formado por los magistrados Jesús María Barrientos, presidente del TSJC, Carlos Ramos y Fernando Lacaba- ha rechazado su recusación presentada por el diputado republicano Josep Maria Jové al asegurar que el tribunal perdió su imparcialidad en su resolución del julio pasado de no aplicarle la amnistía. Además, el tribunal acordó de consultar al Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de esta norma del olvido penal.

"La cadena sucesiva de recusaciones previas igualmente infundadas, constituye en realidad un manifiesto abuso de derecho y un fraude procesal dirigido, una vez más, a remover en el tribunal predeterminado para el juicio, lo cual tiene que merecer su rechazo," afirman los tres magistrados en auto, comunicado este jueves por el gabinete de prensa del TSJC.

 

El TJUE registra la segunda consulta sobre la amnistía

Precisamente, el TJUE ha informado, este martes, de que ha registrado la consulta hecha por el TSJC de la causa de Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, sobre si la malversación del 1-O se puede amnistiar o vulnera el derecho de la Unión. La causa del 1-O tiene el número C-587/24 en la prejudicial europea, y cuando el TJUE responda las dudas del alto tribunal catalán, este tendrá que decidir si juzga los tres excargos de ERC o les aplica la amnistía, como piden sus defensas, además de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El caso de Jové y Salvadó, acusados de malversación por el 1-O, es la segunda consulta que llega al tribunal de Luxemburgo sobre la ley de amnistía del procés. La primera ha sido la del Tribunal de Cuentas sobre el gasto del 1-O y promoción de Catalunya en el exterior, que afecta a los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, además de una treintena de excargos. Habrá más.

"Expresiones que denotan falta d'imparcialidad"

El tribunal expone que la recusación presentada por la defensa de Jové -ejercida por los abogados Andreu van den Eynde y Ramon Setó- se sustenta en la atribución a los tres magistrados “de un interés directo o indirecto en la causa” del 1-O por las afirmaciones que realizaron en la resolución del 30 de julio pasado, donde expresaban sus “dudas sobre la constitucionalidad  y la adecuación al ordenamiento europeo de la Ley Orgánica 1/2024”.

Los penalistas de ERC sostienen que los magistrados han usado  "argumentos e incluido expresiones que denotan una falta de la neutralidad e imparcialidad imprescindibles para la función de enjuiciamiento".  Destacan las referencias a la “situación de impunidad”, que el TSJC expresa ante la aplicación de la ley de amnistía, o a la “grave afectación a los intereses financieros de la Unión Europea”.

No obstante, el TSJC contesta que la ley le permite expresar estas dudas y su consulta. Los tres magistrados concluyen: “En las actuaciones a las cuales se alude no entramos a examinar ni nos pronunciamos en ningún momento o pasaje sobre la culpabilidad o la inocencia de las personas acusadas, ni sobre la realización de los hechos o la comisión de los delitos por los cuales son acusadas.”

Por eso,  no aceptan su recusación y manifiestan que hay un “abuso del derecho” por parte de la defensa del actual presidente de grupo parlamentario de ERC y que el 2017 era secretario general del Departament de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, que encabezaba Oriol Junqueras.