A las puertas del quinto aniversario del 1-O y con los partidos soberanistas sin hoja de ruta común, las causas judiciales contra el independentismo no se detienen. Una de ellas es el caso Volhov, donde el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ordenó la detención de una decena de personas, en octubre de 2020, para averiguar si se ha financiado el procés independentista y el exilio de forma ilegal. Dos años después, la Guardia Civil no ha detallado ninguna operación sospechosa; sí de algún negocio particular con inversión pública. No obstante, recientemente, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aprobado la petición que le ha hecho el juez Aguirre de concederle un apoyo judicial durante seis meses ante el impulso que ha programado de la macrocausa, con el número de diligencias previas 111/2016, que inició hace seis años con detenciones y registros en la Diputación de Barcelona, donde la Guardia Civil indicó que entidades afines a CiU recibían subvenciones no lo bastante justificadas en el ámbito del tercer sector. Esta causa después derivó en el caso Volhov, que al mismo tiempo tiene diferentes piezas. La macrocausa consta de 17 piezas y 250 tomos, se informa.
En concreto, el magistrado Joaquín Aguirre ha informado el TSJC que: "Para los meses de octubre de 2022 a abril de 2023 se ha elaborado un calendario de declaraciones que supone el trabajo o utilización de dos días a la semana, exclusivamente, para la toma de declaraciones a investigados y testigos en las diferentes piezas separadas" y que "vista la importancia, delicadeza y complejidad de las declaraciones no es posible fijar más de cuatro declaraciones por día". Añade que la realización de este calendario "hace imposible, materialmente, compatibilizar la gestión de los juicios por delitos leves y el resto de diligencias previas ordinarias del juzgado", y por eso solicita un juez de refuerzo que asuma estos juicios leves y una parte de tramitaciones del juzgado. Y la sala de gobierno del TSJC ha considerado adecuado este refuerzo ante "la complejidad en la instrucción de las diligencias previas 111/2016". El refuerzo tiene que ser aprobado ahora por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque ya se ha iniciado un llamamiento a jueces y magistrados que ejercen en Catalunya. Las peticiones de refuerzos judiciales son habituales en Catalunya ante las elevadas cargas de trabajo, aunque no todas se aprueban, como es el caso de los juzgados del contencioso-administrativo.
De Catmon a Villa Bugatti
De la causa principal de la Diputación de Barcelona solo queda una pieza abierta que es la de la fundación Catmon. Su presidente, Víctor Terradellas, exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hasta junio del 2016, declaró el mayo pasado al juez que de la tramitación de las subvenciones se encargaba Francesc de Dalmases, actual diputado por Junts y que el TSJC ya rehusó investigarlo por este asunto, al ser aforado, y pedía más indicios delictivos al juez. Está previsto, pues, que el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona quiera cerrar esta pieza pronto, después de los nuevos interrogatorios realizados.
Los registros a Terradellas fueron el origen del caso Volhov, ya que se le encontró en uno de sus móviles una conversación con el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente de Convergència David Madí, por separado, en la cual les hablaba del apoyo del gobierno ruso al procés de independencia de Catalunya y de los 10.000 soldados rusos. Los dos, junto con el empresario Oriol Soler, Xavier Vinyals y el jefe de la oficina de Puigdemont, el historiador Josep Lluís Alay, y otras personas fueron detenidos el 28 de octubre de 2020, después de tener los móviles intervenidos durante un año. El juez Aguirre también investigaba si estas personas detenidas son las impulsoras de Tsunami Democràtic, pieza que elevó a la Audiencia Nacional, como le exigió el juez Manuel García Castellón.
Terradellas en su comparecencia en el juzgado, también aclaró que los operadores rusos los ofrecían un apoyo militar y el negocio de criptomonedas una vez que Catalunya fuera un estado independiente. El encuentro del presidente Puigdemont con unos empresarios rusos fue confirmado por Elsa Artadi en el juzgado, que aseguró que no sabía qué querían. La declaración de Terradellas en el juzgado se tendrá que repetir, ya que no fueron convocados una parte de los abogados de los investigados en el caso Volhov.
Por su parte, David Madí fue a declarar de forma voluntaria en el juzgado en julio de 2021 y desmintió cualquier negocio irregular con fondo público, ni tampoco ningún tráfico de influencias, como apunta el juez. La defensa de Madí sostiene que en su tarea profesional de consultoría es normal que asesore clientes y se entreviste con políticos. Añade que la ley catalana de transparencia, en su artículo 48, le excluye de estar inscrito en el registro de grupos de interés, como le reprocha el magistrado. Madí también aseguró que no se creyó Terradellas cuando le anunciaba que recibirían el apoyo del gobierno ruso con 10.000 soldados, como se desprende al audio.
Aparte de Catmon, una de las piezas que seguramente cogerá más impulso este otoño, con citaciones de declaraciones, es la de la pieza de Villa Bugatti. Villa Bugatti es una finca situada en Cabrera de Mar, donde se hacen convites, y se había planificado el traslado del centro educativo especial El Brot, hasta ahora situado en Sant Joan Despí. El impulsor era el entonces presidente de la entidad y exconseller de Esquerra, Xavier Vendrell, que inició algunos trámites con una subvención del Govern, y el juez quiere aclarar si quería sacar algún beneficio personal con la recalificación del solar. El junio pasado, la subdirectora general de la Fundación "la Caja", Esther Planas, declaró, como testigo, ante el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, ya que El Brot era uno de los centros subvencionados por la entidad. Fuentes de la defensa de Vendrell aseguraron que la declaración de la directiva fue "absolutamente exculpatoria" y que no señaló ninguna mala praxis por parte de nadie, porque se trata de un procedimiento genérico para el otorgamiento de las subvenciones.
Aparte de Vendrell, en la pieza de Villa Bugatti también fueron detenidos en octubre del 2020 y son investigados el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (Junts), y el concejal de Urbanismo, Enric Mir, que ERC hizo dimitir por estos hechos, porque le descubrieron 38.000 euros en efectivo en su despacho, a pesar de asegurar que eran dinero familiar. Además, la Guardia Civil insiste en que el actual conseller de Educación, Josep González Cambray, estaría implicado en la operación de Villa Bugatti. Según el cuerpo armado, González Cambray, cuando era director general de centros públicos, habría impulsado el proyecto de Vendrell a pesar de saber que no cumplía los requisitos legales. En esta pieza también se investiga en Pilar Contreras, entonces directora general de centros concertados y privado. Si el juez Aguirre encuentra indicios contra el conseller de Educación, tendrá que derivar su investigación en el TSJC, ya que es aforado.
El fiscal anticorrupción se marcha
Uno de los cambios del caso Volhov este otoño es que estrenará fiscal anticorrupción. El fiscal Fernando Maldonado ha solicitado su traslado para ejercer en el País Valencià. Últimamente, el fiscal Maldonado ha sido muy crítico con el juez Aguirre, y en algunos de sus escritos acusaba al magistrado de querer hacer "investigaciones prospectivas", proscritas por ley. Es el caso de la investigación abierta a Josep Lluís Alay sobre un supuesto negocio de gas ruso con el empresario Alexander Dmitrenko. Este verano, finalmente, el juez ha tenido que archivarla por falta de indicios delictivos contra Alay, así como no encontrar vínculos de una supuesta trama rusa con el presidente Puigdemont, como se había afirmado.
