El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido por primera vez la petición de un padre de aplicar el 25% de castellano en un centro escolar. Según TV3, el tribunal ha tumbado las medidas cautelares que exigía una familia para que se implementara el porcentaje en una clase de una escuela de Barcelona. Por primera vez, el TSJC ha reconocido que no puede decretar estas medidas, puesto que hay una nueva normativa aprobada por la Generalitat que blinda el catalán. Se trata del decreto ley que aprobó el Govern a principios de junio que argumenta que no puede haber porcentajes en el aprendizaje de las lenguas. De este modo, el ejecutivo catalán ha neutralizado la sentencia que el TSJC elaboró para obligar a hacer un 25% de castellano en todas las escuelas e institutos. El Tribunal Superior, por lo tanto, ha puesto en pausa la petición de la familia a instancia de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
El tribunal superior catalán ya reconoció que la ley del Govern imposibilitaba ejecutar su sentencia que aseguraba un 25% de castellano en las aulas. Además, anunció que recurriría este decreto ley de la Generalitat y la llevaría al Tribunal Constitucional, alegando incompatibilidad constitucional. Sin embargo, mientras el Constitucional no se pronuncia, los trámites para aplicar el porcentaje a las escuelas están bloqueados y, por lo tanto, sigue en normal funcionamiento el sistema de enseñanza catalana.
Òmnium Cultural, hace unos días, se presentó en contra de aplicar el porcentaje de castellano a una escuela de Canet de Mar. La entidad se personó en nombre de una treintena de familias delante del TSJC para que ante las nuevas circunstancias revoque la medida cautelar de aplicar el 25% de castellano. La entidad se refiere al hecho de que una semana antes, el mismo TSJC suspendió la ejecución forzosa de la sentencia del 25% de castellano en todas las escuelas del país, al admitir que la nueva normativa de Educació aprobada la supera. Con todo, proponía consultar al Tribunal Constitucional (TC) si el decreto Ley 6/22 y la Ley 8/22, aprobadas por el Govern de Pere Aragonès, son "inconstitucionales" por vulneración de varios artículos de la Constitución.
Este movimiento de Òmnium hoy se ha visto patente en la denegación del mismo TSJC de aplicar su propia sentencia. El tribunal no puede aplicar el porcentaje de castellano porque las circunstancias no son las mismas que cuando pidió ejecutar el 25% en toda Catalunya. Ahora, con el nuevo decreto ley, queda momentáneamente blindado el catalán en las escuelas catalanas. De momento, hasta que el Tribunal Constitucional no diga lo contrario. La sentencia del TSJC sobre la aplicación del 25% de castellano fue dictada en 2020 y ratificada por el Supremo el febrero pasado. El mayo pasado, el TSJC inició su ejecución forzosa a petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, contra la opinión de la Abogacía del Estado, y ahora, el TSJC revisando la reciente normativa aprobada por el Parlament, asegura que no la puede aplicar, aunque apunta que son inconstitucionales. Ante este paro, Òmnium también pide que se aplique al caso de la escuela de Canet de Mar, ya que la sentencia de este caso no está resuelta.