Nueva cita en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar la consellera de Cultura, a Natàlia Garriga, el próximo 1 de marzo, a las nueve y media de la mañana, como investigada por la organización del 1-O del 2017. Este enero, el alto tribunal catalán ya resolvió aceptar su causa, que inicialmente estaba con una treintena de excargos por haber organizado el referéndum de autodeterminación de Catalunya en el 2017 en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y después en la sección 21 de la Audiencia. Al asumir el cargo de consellera, el 21 de mayo del 2021, el aforo elevaba su investigación al alto tribunal catalán. Además, la sala aceptó la petición de la defensa de Garriga de acumular su procedimiento con los también aforados y actuados diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. El tribunal precisa que será investigada por los delitos de malversación de fondos y desobediencia grave al Tribunal Constitucional.
En la providencia, comunicada esta mañana, la instructora de la causa, la magistrada Maria Eugènia Alegret, precisa que interrogará la consellera Garriga en relación con la resolución de su procesamiento en abril del 2019, dictada por la magistrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, y que incluía los delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia en el TC. Garriga ya declaró al juzgado de Barcelona. Además, el TSJC también da por reproducido las resoluciones de procesamiento del entonces secretario general de Economía, Josep Maria Jové, y del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.
Los delitos
En el caso de la consellera Garriga, la fiscalía, sin embargo, había pedido el diciembre pasado que solamente se la juzgara por el delito de desobediencia, que no implica prisión. El fiscal Pedro Ariche exponía que a pesar de su procesamiento inicial no había motivos para acusarla de haber malversado fondos. En el escrito, el fiscal expone que Garriga fue procesada por tres hechos concretos, que han sido validados por la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que es la sala encargada de juzgar la treintena de cargos políticos y empresarios, acusados de organizar el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya. Sin embargo, en este procedimiento está la acusación popular de Vox que podría mantener la acusación por malversación de fondos públicos.
En concreto, se imputa a Garriga: haber adjudicado varios contratos menores para ejecutar obras en instalaciones anexas al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI); actuó como enlace entre Jové y Mercedes Martínez para que Pau Furriol les dejara una nave en Bigues y Riells, donde la policía intervino 9, 8 millones de papeletas y 5.903 sobres; el 6 de septiembre de 2017 mantuvo conversaciones con Josué Sallent, para usar la página referemdum.cat, para que sacara la contraseña para que pudiera acceder quien quisiera, y finalmente que estuvo presente en un acto de unidad y compromiso con el referéndum, con los altos cargos del gobierno, el 21 de abril de 2017.
Con respecto a la causa de la treintena de excargos acusados de organizar el 1-O la fecha de su juicio en la Audiencia de Barcelona se ha paralizado por un tema procesal.