Descartado. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que para el juicio del 1-O, contra los tres excargos de Economía y Hacienda, no admite la petición realizada este verano por Josep Maria Jové para que declaren como testigos los dos periodistas de Público, que entrevistaron al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, responsable de la investigación a los independentistas catalanes y que descubrieron que era el titular de la cuenta de Twitter con el seudónimo Tácito, donde criticaba y se burlaba de la acción del Govern. El objetivo de Jové es evidenciar que la investigación de la Guardia Civil del 1-O fue "prospectiva", prohibido en el ámbito penal. Pero, el argumento del TSJC es que los dos periodistas, Carlos Enrique Bayo y Patricia López, "no tienen conocimiento directo" de los hechos que se juzgan.
En la resolución, comunicada este lunes por el TSJC, el tribunal admite casi todas las pruebas solicitadas por Jové, Lluís Salvadó y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, así como de la Fiscalía y de Vox. En la resolución, el tribunal juzgador —formado por los magistrados Jesús María Barrientos, que será el ponente, Carlos Ramos y Fernando Lacaba— manifiesta que" para garantizar el derecho de defensa" admite algunas pruebas, como por ejemplo unos testigos, que el nuevo abogado de Jové, el penalista Ramon Setó, solicitó el julio pasado, a pesar de que indica que podrían estar presentadas fuera de plazo, ya que la apertura del juicio se dictó el noviembre de 2022. Sin embargo, descarta dos pruebas claves para Jové: el descubrimiento de Tácito y la pericial sobre infección de su móvil con Pegasus.
Juicio sin fecha
El TSJC todavía no ha fijado la fecha del juicio que se prevé que durará meses, como el juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo. Y si la ley de amnistía, que ahora se negocia, no hace olvidar todas las causas del Procés, el juicio se fijaría hacia el primer trimestre de 2024.
La Fiscalía Superior de Cataluña pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové, actual diputado de ERC y presidente del Consejo Nacional de Esquerra; 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de malversación de fondo, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, con Oriol Junqueras al frente. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del Referéndum.
Espiado
La segunda prueba importante denegada a Jové por el TSJC es una pericial para que dos peritos examinen el móvil que se incautó a Jové al ser detenido el 2017, para aclarar si fue infectado con el software Pegasus u otras herramientas de seguimiento y escucha. La investigación sobre el espionaje a políticos y activistas catalanes está repartida por diferentes juzgados de Barcelona. En el caso de Jové, la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, investiga su causa junto con el caso de la eurodiputada Diana Riba. El Consejo de Ministros denegó levantar la investigación secreta del CNI, a pesar de asegurar que ambos políticos de ERC no fueron espiados. Ahora, está pendiente que la magistrada fije fecha para que declare como testigo la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, declare como testigo.