Un nuevo paso. El nuevo juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del caso de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC), Carlos Ramos, no ha aceptado el recurso de reforma de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, contra su procesamiento como directora de la ILC, dictado el 22 de junio pasado por el juez Jordi Seguí. Seguí acabó su comisión de servicios en el TSJC el 1 de julio pasado y, según el sistema de reparto, fue sustituido por Ramos, a quien el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, lo recusó por falta de imparcialidad porque su nombramiento en el TSJC fue impulsado en el 2004 por el gobierno tripartito del PSC. Ramos se lo ha denegado y sostiene que esta recusación, ya resuelta en otros procedimientos de hace dos años, es un "abuso de derecho y fraude procesal".
El instructor del TSJC procesó a Laura Borràs por los delitos de malversación de fondos, fraude, prevaricación y falsedad documental. Y el jueves pasado, la fiscalía lo redujo a dos delitos: prevaricación continuada y falsedad documental en concurso de normas, con un delito continuado de falsedad en documento por destino. Y el castigo que le pide: 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por haber concedido 18 contratos de la web de la Institució a su amigo Isaías, Herrero, a quien le pide las mismas penas. La decisión del juez instructor puede ser ahora recurrida en apelación a la sala del TSJC, aunque el juez podría no esperarse y dictar la apertura del juicio oral contra Borràs, Herrero y el amigo de este, Andreu Pujol, a quien la fiscalía pide tres años de prisión.
Los recursos de Borràs y la consulta al TC
Los abogados de Borràs, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, pidieron que la presidenta del Parlament y de Junts fuera juzgada por un tribunal de jurado, tal como fija el delito de malversación de fondos, y que si no se consultara las competencias en el Tribunal Constitucional (TC). El juez instructor expone que como finalmente no se le acusa de malversación no hay ningún recurso a resolver, y al mismo tiempo considera que no se ha justificado lo suficiente la consulta al TC. El juez tampoco responde el recurso de Roger Espar, el funcionario del ILC, contra su procesamiento, ya que, finalmente, la fiscalía le ha retirado la acusación.
El magistrado Ramos se muestra muy contundente enfrente de su recusación, planteada por los abogados de Borràs porque asegura que ya fue resuelta en procedimientos anteriores, como es para el juicio del president Quim Torra y de la Mesa del Parlament, donde el TSJC sí que ha aceptado apartar a su presidente Jesús Maria Barrientos. "Dada su absoluta inviabilidad, que es conocida por la recusante y su representación letrada, su formulación es este procedimiento, solo puede considerarse un abuso de derecho y un fraude procesal dirigido a remover al juez determinado por la ley y a dilatar la tramitación, con la finalidad de retrasar la decisión a adoptar sobre una eventual apertura del juicio oral". Con todo, Ramos insiste en que la presunción de inocencia de Borràs continúa incólume.