El derecho a decidir del pueblo de Catalunya levanta recelos entre integrantes de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), actualmente formada por ocho magistrados. A causa de la ajustada plantilla y alta litigiosidad, la sala del TSJC ha vuelto a seleccionar a un magistrado, en comisión de servicios, a fin de que refuerce tribunales que tienen que resolver recursos de apelación contra resoluciones del juez instructor en procesos penales contra personas aforadas (diputados del Parlament y cargos del Govern) o que forme parte del tribunal de enjuiciamiento si los magistrados titulares de la sala han intervenido en otras fases procesales y quedan contaminados, al haber conocido el fondo del caso. El magistrado seleccionado es Francesc Uría Martínez, presidente de la sección 22 de la Audiencia Barcelona. La magistrada Maria Eugènia Alegret, miembro titular de la sala del TSJC, ha expresado su disconformidad a su nombramiento porque Uría "en el legítimo uso de su libertad de expresión, suscribió el año 2014 un manifiesto, que sus firmantes dieron publicidad, en el que mostraba explícitamente su posición política/ideológica sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya y su ejercicio por la vía de consulta o referéndum." Añade que por este motivo puede perjudicar el tribunal, ya que puede ser recusado, y se tendría que escoger un nuevo candidato.

El nombramiento del magistrado Uría se aprobó en la sala de gobierno del 20 de diciembre pasado, y lo tiene que validar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que continúa con el mandato caducado. Precisamente, esta Navidad el Estado español pagó, tal como fijaba la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la indemnización de 4.200 euros en concepto de daños morales y 3.993 por|para gastos y costas a unos 20 de los 33 jueces y magistrados catalana que se  pronunciaron a favor del derecho a decidir, y su foto del DNI se publicó en el diario La Razón, bajo el título La conspiración de los 33 jueces soberanistas. Un asunto que se atribuye a la policía patriótica del PP, al extraer sus imágenes de una base policial, que el gobierno del PSOE ha tenido que limpiar. En la sentencia, el TEDH afirma que el Estado español vulneró la protección al derecho a la intimidad de los jueces, pero no el de su libertad de expresión porque sostiene que podrían haber alegado a otras instancias judiciales. No obstante, el CGPJ no les protegió; les abrió un expediente, que después cerró.

Expresidenta del TSJC, conservadora

La negativa de Alegret sorprende porque en la sala de lo Civil y Penal del TSJC está la magistrada Àngels Vivas, que también subscribió el manifiesto de los 33 jueces, que era muy mesurado y básicamente jurídico. Vivas es la presidenta de la sala de apelaciones, que resuelve los recursos de sentencias de audiencias provinciales, todo y que no interviene, por cuestiones de trabajo, en juicios a aforados. Alegret fue presidenta del TSJC del 2004 en el 2010 por la conservadora la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la primera mujer a ocupar este cargo en el Estado español.

Cuestionados por Costa y reñidos por el Supremo

La solidez de la sala de lo civil y pena del TSJC se rompió en verano pasado cuando la sala de recusaciones, la sala 77, aceptó la reclamación de Josep Costa, exvicepresidente de la Mesa del Parlament, en que cuestionaba la imparcialidad del presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, que fue aceptada, y después la de Carlos Ramos, también admitida. Los dos jueces se tuvieron que apartar del juicio y se hizo un llamamiento de jueces para poder formar un nuevo tribunal, presidido por Carles Mir, que juzgó la Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent, por permitir la presentación de resoluciones contra la monarquía y la defensa del derecho de autodeterminación. Torrent, Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado fueron absueltos de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), ya que el TSJC consideró que la orden no era lo bastante clara y tajante.

Meses después, el noviembre pasado, vendría un segundo tirón de orejas al TSJC. El Tribunal Supremo hizo repetir el juicio por desobediencia a cuatro exmiembros de la Mesa, presidida por Carme Forcadell al considerar que en uno de los recursos, Barrientos y Ramos ya mostraron su posicionamiento al aceptar la tesis de la Fiscalía, y después no los podía juzgar, cómo pasó. Para evitar nuevas anulaciones, Barrientos y Ramos, se han apartado del tribunal del TSJC que tiene que juzgar a la consellera Meritxell Serret por desobediencia por el 1-O. De este juicio todavía no hay fecha.

Un nuevo sistema para blindarse

Además, a partir de ahora, para evitar nuevas recusaciones, sobre todo de independentistas, la sala civil y penal del TSJC ha acordado que la sala de admisión de querellas, solo comprobará que la acusación se dirige contra una persona aforada, y dejará al juez instructor que analice la verosimilitud de la querella, y la decisión se podrá recurrir a la sala de apelaciones reforzada con un magistrado externo del TSJC para cuando no haya magistrados de la sala que no hayan intervenido en algún trámite.

Este es el caso del nombramiento del magistrado Francesc Uría, del cual la magistrada Alegret, ahora cuestiona. "Es público y notorio que, desde hace años, el número de causas penales contra ciertos aforados ha aumentado exponencialmente por circunstancias por todos conocidas", afirma Alegret en su voto particular, y admite que la comisión de servicios es necesaria "teniendo en cuenta los escasos efectivos de la planta orgánica" de la sala de lo Civil y Penal del TSJC. "También es público y notorio -añade Alegret- que todos los magistrados y magistradas que componen de forma ordinaria o extraordinaria la Sala de lo Civil y Penal del TSJC son legítimamente escrutados por las partes que intervienen en las causas penales por si existen motivos de abstención y/o recusación por haber comprometido su apariencia de imparcialidad en alguna actuación externa o interna del procedimiento".

La imagen del TSJC "comprometida"

Alegret argumenta: "No pongo en duda la probidad del magistrado Uría, a quien la sala de gobierno propone para la comisión de servicio, fruto de una extensa trayectoria profesional. Tampoco dudo de que pueda enjuiciar con neutralidad los asuntos que le sean adjudicados. Pero no puedo dejar de advertir del riesgo evidente que se produzcan abstenciones y/o recusaciones indeseables que puedan distorsionar el funcionamiento normal de la sala y que quede frustrada en última instancia la finalidad de la comisión de servicio y comprometida la imagen pública de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC y, en definitiva, de la Administración de Justicia en Catalunya. Es por todo eso que considero que la propuesta de comisión de servicio tendría que haber recaído en el magistrado o magistrada de la jurisdicción penal más antiguo o antigua en el escalafón, en quién no exista la circunstancia expuesta en este voto particular."

Por ahora, Francesc Uría continúa como titular de este refuerzo en el TSJC.

 

En la foto principal, la magistrada Maria Eugènia Alegret, con otros magistrados en acto en el TSJC. / Foto: Sergi Alcàzar