Previsible. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anunciado hoy que envía a juicio al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, el republicano Roger Torrent, y los exmiembros de la Mesa de Junts Josep Costa y Eusebi Camdepadrós, actual secretario para la Administración de Justicia, y Adriana Delgado (ERC) por un delito grave de desobediencia al Tribunal Constitucional en el 2019 por permitir dos votaciones soberanistas y contra la monarquía. La fiscalía ya anunció hace meses que pide para los tres primeros 20 meses de inhabilitación a cargo público, y un año y cuatro meses a Delgado para participar en una de las dos votaciones. El partido Vox es acusación popular y les pide el mismo castigo que la fiscalía. Ahora, queda que los abogados presenten los escritos de defensa y que el TSJC fije la fecha de juicio contra la segunda Mesa del Parlament soberanista.
"Como siempre, conocemos estas noticias a través de los medios. Una demostración más de un sistema judicial más preocupado para perseguir libertades que para garantizarlas," ha tuiteado el conseller Torrent. La semana pasada, el tribunal de apelación de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) comunicó a los políticos que desestimaba los recursos contra la resolución de la magistrada del noviembre pasado, que los dejaba a un paso de juicio. En la resolución, el tribunal sostiene que en este momento procesal no es para responder sus reclamos de inviolabilidad parlamentaria, de tener el juez predeterminado por la ley o que los hechos no tienen relevancia penal, solo si la instructora ha hecho correctamente el trámite, que sí que lo ratifican.
Penas
La resolución del TSJC ‑datada el 28 de febrero pasado ‑ llega, cuando la Fiscalía Superior de Catalunya presentó los escritos de acusación contra los miembros de Junts y de ERC de la seMesa del Parlamento, el diciembre pasado. En concreto, pide 20 meses de inhabilitación a cargo público para Torrent, Costa y Campdepadrós, la misma pena solicitada a los miembros de la primera Mesa soberanista, el 2017 para permitir la votación de las leyes de desconexión, a excepción de la presidenta Carme Forcadell, condenada por sedición a 11 años y medio de prisión e indultada después de cerca de cuatro años cerrada. Además de las penas de inhabilitación, la fiscalía pide que Torrent, Costa y Campdepadrós sean condenados a pagar una multa de 30.000 euros y Delgado, de 24.000 euros.
En concreto, la fiscalía los acusa de desobediencia por haber admitido a trámite y permitido que se debatiera al pleno el texto de dos resoluciones, el 12 y el 26 de noviembre. En la primera constaba un compromiso con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, mientras que la segunda, una resolución de respuesta a la sentencia del Supremo para el 1-O, reiteraba la reprobación del Rey.
El ministerio público recordaba, en su escrito, que la sentencia del TC del 2 de diciembre del 2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento del 9 de noviembre del 2015 sobre el inicio del procés político en Catalunya a consecuencia de los resultados del 27-S. El TC acordó la suspensión de las resoluciones parlamentarias y recordó a la Mesa su deber "de impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada" y los advirtió que podían incurrir en responsabilidades, incluida la penal, si lo incumplían. En su escrito, la fiscalía consideraba que los cuatro querellados incumplieron esta sentencia al permitir los dos debates, pero que no tenían ningún efecto ejecutivo.