Un calendario provisional. El TSJC ha fijado que el juicio a los excargos de Economía Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la actual consellera en funciones de Cultura, Natàlia Garriga, por la organización del 1-O empiece el 2 de octubre, dure 15 sesiones y finalice el 29 de noviembre, según ha acordado el letrado de la administración de Justicia con los abogados defensores y la acusación de Vox, según han informado a ElNacional.cat este viernes. Los abogados de los cargos de ERC ya han anunciado que presentarán un escrito al tribunal pidiendo la anulación del juicio cuándo se apruebe la ley de amnistía, que se prevé que entre en vigor el 31 de mayo, el día siguiente de la aprobación en el Congreso de los Diputados, el jueves que viene.
El tribunal, presidido por Jesús María Barrientos, tendrá que decidir si acepta la anulación del juicio o presenta una consulta al Tribunal de Justicia de la UE o al Tribunal Constitucional, hecho que dejaría parado el procedimiento penal. Si el tribunal anula el juicio, el calendario programado queda en papel mojado. Un indicio que seguramente la vista no se celebrará es que se han programado menos sesiones que las iniciales señaladas, según fuentes judiciales. El TSJC suspendió el juicio del 1-O, previsto para el abril y mayo pasado, porque coincidía con las elecciones de Cataluña, pero no por la aprobación inminente de la amnistía.
Consulta de la malversación al TJUE
En el caso de los procedimientos contra los líderes políticos catalanes por el referéndum de autodeterminación de Catalunya del 2017 es previsto que el Tribunal Supremo presente una prejudicial al TJUE, es decir que le consultará si el delito de malversación de fondos públicos se puede incluir en la ley de amnistía y no colisiona con la normativa europea. El TSJC podría hacer lo mismo porque Jové y Salvadó son acusados de delitos de corrupción por el 1-O.
En concreto, la Fiscalía Superior de Catalunya pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové, defendido por los abogados Andreu Van den Eynde y Ramon Seto; y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona y defendido por Josep Riba, por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Para la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, defendida por Laura Parès, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del Referéndum, bajo la dirección de Jové.
Habrá que ver què decide el TSJC, el cual, como el resto de tribunales que tengan causas del Procés, tendrá 2 meses para aplicar la ley de amnistía o bloquear su aplicación con consultas al TJUE y al Tribunal Constitucional.