El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) celebra este jueves el juicio por el polémico caso de la supuesta desobediencia del Govern a una resolución de un juzgado oscense para que entregara  44 obras -que compró- al Monasterio de Sixena, ocho años después de los hechos y con un procedimiento lleno de vicisitudes y suspensiones. El juicio, programado hasta el viernes, se podría volver a suspender porque el único imputado, el exconseller de Cultura y actual diputado de Junts, Lluís Puig, no podrá declarar.

El abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, pidió al tribunal que pudiera declarar por videoconferencia porque continúa exiliado en Bruselas y la Catalunya Norte, después de que el Tribunal Supremo no le ha querido aplicar la amnistía por la causa del 1-O, como al president en el exilio Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín. Alonso-Cuevillas pide la absolución de Puig porque sostiene que no cometió ningún delito y no ha solicitado que se le aplique la ley de amnistía.

El alto tribunal catalán aprobó la declaración por videoconferencia, pero las autoridades belgas le comunicaron, el octubre pasado, que no podrían hacerlo hasta finalizar un cambio normativo en su legislación para cumplir la garantía de derechos de defensa. Aunque daba alternativas: que "la policía o, en su caso, un juez de instrucción, proceda a la
toma de declaración del interesado." El TSJC nada respondió y el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) fijó una nueva fecha, la de este jueves y viernes.

El acta de diputado en juego

Por eso, es probable que al inicio del juicio el abogado de Puig pida la suspensión  de la vista para no vulnerar su derecho de defensa, y más cuando ha expresado que quiere declarar. En este caso, el TSJC podría juzgar al exconseller Puig en ausencia porque no se enfrenta a penas de prisión. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena le piden 2 años de inhabilitación a cargo público y 5.940 euros por un delito de desobediencia.

No obstante, este castigo es importante porque si, al final, es condenado podría perder su acta de diputado en el Parlament, tal como le pasó al presidente Quim Torra, por el caso de la pancarta a favor de los presos políticos en el balcón de la Generalitat, caso que ya revisa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); al cupaire Pau Juvillà.

Actuación con el 155

La actuación judicial del caso Sixena es polémica, sobre todo porque la Guardia Civil se llevó las obras de arte del Museo de Lleida en diciembre de 2017, cuando la Generalitat ya estaba intervenida por el Gobierno del PP, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, desde el 27 de octubre de 2017 para detener el procés de independencia de Catalunya, aunque fue suspendido por el mismo gobierno catalán.

Puig en un acto de Junts

Paradójicamente, el exconseller Puig sí que podrá intervenir este jueves por la mañana en un acto de apoy que le ha organizado Junts per Catalunya delante mismo del Palacio de Justicia, en la avenida Lluís Companys. Al acto, está previsto que intervengan el secretario general de Junts, Jordi Turull; la portavoz de Junts en la Paeria de Lleida, Violant Cervera, y la exsecretaria general Cultura, Maria Dolors Portus, cuando tuvieron la reclamación del gobierno de Aragón.

¿De qué se le acusa?

El caso Sixena se remonta al abril de 2015 cuando el juzgado de 1.ª instancia número 1 oscense estimó la demanda de la Comunidad de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y decretaba la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Catalunya el 1983 y 1992, y por el Museo Nacional de Arte de Catalunya en 1994, declarando que la propiedad de los bienes de aquellos contratos correspondía al Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena, y ordenaba su retorno.

La Generalitat de Catalunya y el Museo Nacional  de Arte de Catalunya presentaron recurso contra esta primera resolución, que fue ratificada por la Audiencia oscense el 30 de noviembre de 2017, con la Generalitat intervenida.

El juzgado de primera instancia no esperó a la firmeza de su resolución y dictó su ejecución. En julio de 2016, el entonces conseller de Cultura, Santi Vila, aprobó el retorno de 41 bienes. En noviembre se le reclamó  44 obras más, pero se denegó para "no disgregar las piezas" del Museo de Lleida. En sustitución de Vila, Lluís Puig asumió el cargo de conseller de Cultura el 4 de julio de 2017, y recibió el requerimiento judicial tres días después. Su respuesta fue pedir  tiempo para estudiarlo y desde el departament se lo informó de que la reclamación judicial estaba recurrida.

Finalmente, la autoridad judicial ordenó en diciembre de 2017 que la Guardia Civil se llevara las obras del Museo de Lleida. No había ningún peligro porque la Generalitat era gobernada desde el Gobierno. La empresa encargada de hacerlo cobró 12.932 euros a la Diputación de Aragón, dinero que se reclama a Vila y Puig.

La Fiscalía y el Ayuntamiento de Villanueva Sijena sostienen que Villa y Puig son autores de un delito de desobediencia a autoridad judicial. Aparte, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena también acusa Vila del delito de usurpación de funciones judiciales y le pide once meses de prisión y una multa de 62.000 euros.

Juicio de Santi Vila, separado

El exconseller Santi Vila como no es aforado, se lo juzgará en un juzgado Penal de Barcelona, el 6 y 7 de mayo próximo. La magistrada no ha aceptado aplicarle la ley de amnistía, como pedía.

Vila ha sido citado a declarar en el juicio de Puig al TSJC como testigo, aunque el tribunal ya le ha informado de que le permite acogerse a su derecho a no declarado porque está pendiente de juicio.

El abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, ha denunciado, en declaraciones a la agencia Efe, que la Fiscalía Superior de Catalunya ha renunciado a testigos propuestos por la Fiscalía de Aragón, que hizo el escrito de acusación, ya que inicialmente el caso se tenía que juzgar allí, hasta que  se atendió que Puig era aforado, ya que obtuvo el acta de diputado del Parlament en el 2018 i desde el 2021 a la actualidad.