A las puertas de una nueva campaña electoral, vuelve el conflicto por la pancarta a favor de la liberación de presos y el retorno de los exiliados del Palau de la Generalitat. El TSJC da 48 horas al Quim Torra para descolgarla. Contra la medida anunciada hay opción de recurso.
La comunicación, que cuenta con un voto particular, llega precisamente el mismo día que el alto tribunal ha anunciado que aplaza hasta después del 10-N el juicio contra el president de la Generalitat, acusado de desobediencia por haberse saltado el ultimátum de la Junta Electoral que le ordenó sacar la pancarta durante la campaña del 28-A.
La resolución adoptada hoy no tiene que ver con la JEC. Se trata de una medida cautelar del TSJC en respuesta a una demanda de la asociación Impulso Ciudadano, que preside el exlíder de Sociedad Civil Catalana, José Domingo y que se autodefine como un "movimiento cívico cuyo fin es promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España". En su escrito alega "incumplimiento de los deberes a los que está sometida la Administración Pública en representación de la ciudadanía".
A pesar de que el ultimátum acordado por la sección quinta del alto tribunal da dos días, el mismo escrito da un plazo de cinco días para que Torra pueda presentar, si así lo considera oportuno, un recurso contra la decisión. A diferencia de lo que ocurrió durante la campaña anterior, esta orden viene del TSJC y no se refiere sólo a las elecciones, sino que tiene carácter permanente hasta que la sala resuelva el fondo del asunto.
El próximo 18 de noviembre, Torra deberá afrontar ya un juicio por desobediencia por no haber cumplido con los plazos impuestos por la JEC durante la precampaña de las últimas elecciones generales. En dicha causa, la Fiscalía de Catalunya pide para Torra una pena de un año y ocho meses de inhabilitación por ejercer cargos públicos y una multa de 30.000 euros. Según el escrito de acusación del ministerio público, Torra era "consciente de su obligación de cumplir lo que ordenaba la Junta Electoral Central" y que aun así "desatendió abiertamente la orden" y no ordenó retirar los lazos amarillos y las pancartas en apoyo a los presos políticos.
El contencioso se alargó una semana, entre respuestas y recursos y empezó a raíz de una denuncia de Ciudadanos al árbitro electoral que apelaba a la necesidad de que durante el periodo electoral los edificios públicos sean neutrales. Como el president no acató, la JEC ordenó finalmente a los Mossos d'Esquadra que, actuando como policía judicial, procedieran a la retirada. Finalmente, para evitar la imagen del cuerpo sacando los símbolos, el equipo de Presidència optó por sustituir la pancarta con el lazo amarillo por otra que defendía la libertad de expresión. Ésta sí fue autorizada. Pasado el ciclo electoral, es decir después de los comicios del 26-M, Torra ordenó volver a colgar la pancarta inicial. Fue entonces cuando Impulso Ciudadano lo denunció al TSJC.
La resolución no ha sido unánime. Uno de los magistrados ha emitido un voto particular para puntualizar que no ve "una perturbación significativa del interés público".