El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la condena a la Universitat de Barcelona (UB) por "haber vulnerado su deber a la neutralidad y lesionar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión de sus profesores y estudiantes y el derecho de educación" de los alumnos. La UB firmó un manifiesto, conjuntamente con otras universidades catalanas, en el que se denunciaba "la deriva autoritaria" del Estado por la sentencia a los presos políticos y se pedía excarcelarles.
La resolución, que la ha dictado la sección quinta de la Sala contenciosa administrativa del TSJC, llega después de que este tribunal haya decidido desestimar el recurso que había presentado la Universitat de Barcelona contra la sentencia condenatoria que interpuso en octubre de 2020 el juzgado del Contencioso número 3 de Barcelona. La jueza consideró que la declaración "vulnera el derecho a la educación, la libertad de expresión y la libertad ideológica". Su aprobación en el Claustro era, para el juzgado del Contencioso número 3 de Barcelona, contraria "al deber de neutralidad ideológica que vincula todas las administraciones públicas".
Qué dice la sentencia del TSJC
El TSJC también sostiene que el manifiesto que suscribió la UB "rompe con la neutralidad ideológica o política que se espera de una universidad y eso supone una vulneración de la libertad ideológica y de expresión, libertades todas ellas indisolublemente unidas al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, propugna la Constitución".
Para el tribunal, "una universidad no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia para asumir posiciones ideológicas y políticas de parto" y que la "toma de postura en cuestiones especialmente controvertidas es contraria a derecho siempre que se encuentre con la oposición de alguno o algunos de sus miembros".
La sentencia considera que se lesionó la libertad ideológica y de expresión porque "la manifestación de una determinada opción tiene que incluir la posibilidad de objetarla y oponerse al hecho de que se ejerza también en nombre de los que no la comparten". El TSJC va más allá y afirma que la opinión expresada al manifiesto por la UB supuso "una instrumentalización al servicio de una opción política ajena al ámbito material y funcional de la universidad".
Sobre el manifiesto
El documento aprobado en el claustro de la UB llevaba por título "Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo a las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política". El texto hacía un llamamiento a "liberar a los presos políticos", denunciaba "la represión y erosión de las libertades y de los derechos civiles y políticos", rechazaba "la violencia policial" que se vio el 1 de octubre y expresaba la "deriva autoritaria del Estado".
Más allá de la Universitat de Barcelona, el manifiesto también lo suscribieron la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili y la Universitat de Girona.
Ninguno de estas universidades, a excepción de la UB y de la UPF, fueron denunciados a los tribunales. En el caso de la Universitat de Barcelona, fue la plataforma Universitats per la Convivència quien puso una denuncia en el juzgado del Contencioso número 3 de Barcelona. Con respecto a la Universitat Pompeu Fabra, el Tribunal Supremo la condenó por "vulnerar el principio de neutralidad política" para aprobar el manifiesto. El caso llegó al Supremo después de que la UPF presentara un recurso a la resolución de la Junta Electoral Central.
Imagen principal: Fotografía de la fachada de la Universitat de Barcelona. ACN.