El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya considera que “nada apunta que haya responsabilidad penal” en la actuación de los Mossos d’Esquadra y de la cúpula del Departament d’Interior en la incapacidad de detener a Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto en Barcelona. Así lo manifiestan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que sostienen que, dado que la detención no la ordenó el TSJC, en todo caso, “quien tiene que indagar” y pedir explicaciones es el juez que la cursó: Pablo Llarena. Ahora bien, al mismo tiempo, fuentes del Tribunal Supremo consideran que son los tribunales de Catalunya los que tienen que aclarar qué pasó aquel día y por qué no se detuvo el presidente en el exilio. Y el TSJC replica que la orden de detención vigente iba dirigida a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no solo en los Mossos d’Esquadra. El TSJC y el Supremo se pasan la patata caliente y envían pelotas fuera. Mientras tanto, desde el Alto Tribunal, no quieren valorar los informes de los Mossos y del Ministerio del Interior que encargó Pablo Llarena aduciendo, nuevamente, que es una cuestión que tendrá de dirimir el TSJC. Las mismas fuentes aseguran que lo que interesa en Madrid es, sencillamente, la detención de Puigdemont.
Desde el TSJC, eso sí, desvinculan esta primera valoración de las querellas que hay encima de la mesa. Por una parte, Vox llevó a Joan Ignasi Elena (el entonces conseller de Interior en funciones), Gonzalo Boye, el “jefe del dispositivo policial” y “todos los que ayudaron” a Puigdemont. Por otra parte, Hazte Oír se querelló contra Pere Aragonès (en aquel momento president de la Generalitat en funciones), Josep Rull (president del Parlament), Joan Ignasi Elena, Pere Ferrer (ex director general de la Policía), Eduard Sallent (ex comisario jefe de los Mossos) y los tres mossos detenidos. El siguiente paso es el pronunciamiento de la Fiscalía, que tiene que llegar en los próximos días. De momento, lo que valoran estas voces del TSJC es, específicamente, la responsabilidad penal asociada a la causa de Pablo Llarena. Dicho todo eso, el TSJC solo se haría cargo de investigar la actuación de Joan Ignasi Elena y Josep Rull, que son diputados en el Parlament de Catalunya y, por lo tanto, son aforados.
Los Mossos admiten una cadena de errores en el dispositivo para detener a Puigdemont
En su respuesta a Pablo Llarena, los Mossos d’Esquadra admitían “errores” en la operativa y la planificación para detener a Puigdemont. El documento apuntaba que los agentes no contemplaron la posibilidad de que Puigdemont se volviera a marchar y reconocía que el dron aéreo con cámara que utilizó el cuerpo para controlar la llegada del líder de Junts dejó de enfocar el punto donde estaba Puigdemont, ya que se centró en la comitiva de Junts que andaba desde el Arc de Triomf hacia el Parlament de Catalunya. Los argumentos del escrito firmado por el comisario jefe, Eduard Sallent, apuntaban a una estrategia de “confusión y engaño” orquestada por un “grupo de fieles de Junts”.
La policía española no detectó a Puigdemont y ofreció apoyo a los Mossos
Por su parte, el Ministerio del Interior alegó que “en los dispositivos de control y vigilancia establecidos por la policía española y la Guardia Civil en la frontera con Francia, así como a puertos y aeropuertos, no se detectó en ningún momento la presencia del prófugo Carles Puigdemont”. El ministerio encabezado por Fernando Grande-Marlaska aseguraba que el dispositivo para detener Puigdemont en Catalunya iba a cargo de los Mossos d’Esquadra y señalaba que ofreció a la Generalitat “cualquier apoyo operativo” por parte de la policía española y la Guardia Civil después de que, a través de los canales y medios habituales de comunicación, la policía catalana los informara del “diseño de su dispositivo específico y especial” para detener a Puigdemont. Ahora bien, esta ayuda no fue “requerida” por los Mossos, más allá de los “apoyos habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia”.