Los tribunales vuelven a decir la suya. Después de que el proceso judicial iniciado por una familia de la escuela Turó del Drac en Canet de Mar desembocas en la resolución del Tribunal Supremo en que obliga a impartir un 25% de las horas lectivas en castellano, gran parte de los padres del alumnado del centro y de la sociedad catalana han mostrado su rechazo. Algunos a través de las redes sociales, apuntando directamente a la familia. Todo ha impulsado a los juzgados a intervenir de nuevo.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado al Departamento de Educació y a la directora de la escuela que adopten "las medidas necesarias para preservar y proteger la intimidad del menor" y sus progenitores. El tribunal también reclama tanto a la Generalitat como la dirección del centro que garanticen "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo".
Según publica El Mundo, los mismos padres del niño presentaron esta petición de protección al TSJC, donde pidieron que se instara a la Generalitat a garantizar su seguridad después de relatar que habían estado sujetos de insultos y amenazas.
Reclamando el delito de odio
La Generalitat y la escuela de Canet están bajo la lupa judicial después que varios grupos que abogan para acabar con el sistema de inmersión lingüística catalán. Uno de ellos es la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), una agrupación que ha denunciado por delito de odio a entidades y personas que consideran que han asediado a la familia del alumno de Turó del Drac. La entidad ha expuesto a sus redes sociales la exigencia del TSJC y han remarcado su demanda de desplazar a otro sitio la manifestación convocada para esta tarde delante de la escuela en contra de la resolución del TS.
La entidad no es la única que enarbola la bandera del delito de odio. La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación para estudiar si los mensajes que ha recibido la familia de Canet se pueden considerar delitos de odio. Todo ha sido impulsado por las denuncias de Hablamos Español, Asamblea para una Escuela Bilingüe y Vox.
Unión a Educación, antes y ahora
El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, acompañado de ocho de sus predecesores ha defendido al modelo de inmersión lingüística en las escuelas. Lo han hecho después de la patada que ha recibido, de nuevo, la lengua catalana, al confirmar el Tribunal Supremo la sentencia que establece un 25% del castellano en las aulas, así como otras decisiones judiciales concretas que afectan a algunos grupos de varios centros educativos.
Un encuentro en la sede del Departamento de Barcelona ha reunido Joan Guitart, Laura Gil, Marta Cid, Joan Manuel del Pozo, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz y Josep Bargalló, quienes han hecho un comunicado conjunto en el que aseguran que el sistema lingüístico de la escuela catalana nació de un amplio consenso político y social y está basado en un marco jurídico "plenamente vigente". Añaden que se fundamenta en un trato de equidad, la búsqueda de un equilibrio formativo entre escuela y realidad social y la voluntad integradora.