Un nuevo paso. El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha investigado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha dictado un auto, conocido este miércoles, en el cual acuerda, una vez finalizadas las últimas diligencias de instrucción, dar traslado al ministerio fiscal para que en el plazo de 10 días presente petición de apertura de juicio oral y escrito de acusación o petición de archivo contra Borràs, su amigo Isaías Herrero, a quien habría adjudicado a dedo contratos de la web de la institución, un amigo suyo y el funcionario del ILC Roger Espar. En la resolución, el juez Jordi Seguí indica que hay indicios para juzgarlos por el delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos. El total de los fondos malversados se sitúa en unos 309.000 euros. Es decir, el TSJC deja a un paso de juicio a la presidenta Borràs.
En el auto, de 33 páginas, el magistrado Jordi Seguí expone los dieciocho contratos que entre el año 2013 al 2016 la Institució de les Lletres Catalanes concedió a Herrero o a empresas vinculadas a él. Y añade: "En los dieciocho contratos menores mencionados, Laura Borràs intervino en su condición de directora de la ILC, proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando el gasto, certificando la ejecución del servicio, conformando la factura correspondiente y autorizando finalmente el pago, salvo el contrato 14/2015, no pagado por falta de presentación de la factura". También sostiene que "los trabajos informáticos objeto de los contratos mencionados se desarrollaron de manera ininterrumpida durante más de cuatro años (2013-2017)".
Indicios contra Borràs
Aunque los trabajos fueron realizados, el magistrado Seguí concluye que "los hechos indiciarios expuestos evidenciarían que Laura Borràs abusó de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la ILC dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de los dieciocho contratos menores, con plena conciencia que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente favorecer los intereses de Isaías Herrero en detrimento de la defensa de los intereses generales que había de defensa".
Los audios de Borràs
Una de las últimas actuaciones del caso se hizo el mayo pasado, cuando Roger Espar, técnico de gestión administrativa a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) de 2013 a 2016, pidió declarar como investigado ante el instructor del TSJC y aseguró que Laura Borràs como directora de la institución era la que decidía a qué empresas iban los contratos menores de 17.000 euros, según fuentes judiciales. Espar también aportó al juzgado unos mensajes de voz de WhatsApp que recibió de Borràs, cuando ya no era directora de la Institució, en los cuales le pedía que se pagara una factura pendiente a Herrero y una en que le pedía que la avisara si los Mossos volvían a la Institució y a preguntar por su amigo, ya investigado.
Archivo denegado al funcionario
El abogado de Espar pidió el archivo de la causa contra él, que el juez no ha aceptado, ahora. "Hay que rechazar la petición de sobreseer la causa respecto de este investigado, ya que la conjunción de indicios expuesta revela que Roger Espar era consciente de que Isaías Herrero actuaba indistintamente delante de la ILC en nombre propio y bajo la apariencia de terceras personas con vulneración de los principios de transparencia y de concurrencia, sin que manifestara en ningún momento objeciones a esta situación en el curso de aquellos años donde alcanzó grados crecientes de responsabilidad en la gestión administrativa del ente".
Ahora, se espera que la Fiscalía presente el escrito de acusación contra Borràs y los otros tres procesados, y que el TSJC dicte la apertura del juicio y fije la fecha para celebrarlo. Con todo, la resolución de procesamiento no es firme y la presidenta del Parlament puede presentar recurso en contra.