¿El juez del caso Volhov, protegido? El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado la querella contra el juez Joaquín Aguirre, presentada por el president en el exilio, Carles Puigdemont, el director de su oficina, Josep Lluís Alay, y su abogado, Gonzalo Boye, según la resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este viernes. El tribunal -presidido por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, junto con los magistrados María Eugenia Alegret y Carlos Ramos, de ponente- sostiene que el magistrado -jubilado desde el 15 de enero pasado-, no ha cometido los delitos de prevaricación judicial ni de malversación de fondos en la instrucción del caso Volhov. El TSJC admite, sin embargo, "irregularidades procesales" y que la resolución del juez "es producto del caos", pero que "se pueden resolver en recursos".
El TSJC ha tardado seis meses para inadmitir la querella, y su permisiva resolución contrasta con la estricta respuesta dictada por la Audiencia de Barcelona, que el diciembre pasado cerró la pieza de la supuesta injerencia rusa en el independentismo catalán, acusando al juez Aguirre de "fraude de ley" por no hacerle caso y no parar la investigación. La Fiscalía Superior de Catalunya tampoco vio ningún acto delictivo en la actuación del juez Aguirre. Es previsto que Puigdemont, Alay y Boye presenten un recurso de súplica al mismo tribunal contra esta negativa a investigar al juez Aguirre.
"Expresiones extravagantes", nada más
En la resolución, el TSJC aclara que solo analiza si es delictivo o no el auto del juez del 21 de junio pasado, en el cual creaba una pieza nueva, la injerencia rusa, a partir de la pieza ya existente sobre Catmón, sobre supuestas irregularidades de subvenciones de la Diputación -causa madre y abierta el 2017- y dos años después surgiría la pieza el caso Volhov sobre la supuesta ayuda del gobierno de Putin a Puigdemont.
El tribunal precisa que los querellantes no han detallado otras acciones de prevaricación del juez, al cual recusaron por comentar la investigación abierta en una televisión alemana, proceso del cual también se salvó. Boye acusa el juez Aguirre de haberse inventado un precepto jurídico para incluirlos como investigados y por primera vez en la nueva pieza de la injerencia rusa en contra de la prohibición que le hizo la Audiencia de Barcelona, y también para querer torpedear la ley de amnistía.
El tribunal admite que "alguna de las expresiones utilizadas por el magistrado querellado en su resolución (21/06/2024), podrían ser reprobadas, por desafortunadas y extravagantes, además de innecesarias para justificar su decisión de formar una nueva pieza separada", la de la injerencia rusa. Nada más.
La malversación, también descartada
El razonamiento del tribunal, expresado en treinta páginas, es que cuando la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, en el auto de 29 de mayo pasado, ordenó al juez parar la pieza del caso Volhov, "no le prohibió hacer nada más", sino, como marca la ley, acabar las diligencias pendientes aprobadas (las "rezagadas") y resolver si archivaba el procedimiento o lo enviaba a juicio, con la investigación hecha hasta el 1 de agosto de 2023.
El TSJC sostiene que el juez Aguirre preguntó a las partes que querían hacer, "sin obtener respuesta", y que después, el 21 de junio, hizo una nueva resolución en que creaba la nueva pieza de injerencia rusa a partir de una que continuaba abierta, la de Catmon-Igman, donde volcó toda la investigación policial de la pieza Volhov porque esta no podía hacer nada más que enviarla a juicio o cerrarla. De esta acción del juez Aguirre, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona afirmó que decretaba el sobreseimiento de la pieza de la injerencia rusa porque no le había hecho caso de pararla. Sin embargo, el TSJC considera que no hay una acción deliberada delictiva en el juez, que la ley permite ordenar piezas y hacer las diligencias aprobadas "atrasadas".
Por todo esto, el tribunal concluye: "Esta conducta, al margen de las irregularidades procesales a depurar por la vía de los recursos, no constituye ninguna desobediencia palmaria del que se dispone en el acto de 29/05/2024, ni supone tampoco una resolución injusta, tal como dispone el Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo."
El tribunal también descarta que el juez Aguirre haya cometido el delito de malversación -por haber encargado a la policía investigaciones, que ya no servían de nada- porque expone que para cumplir este hecho delictivo tendría que disponer del dinero público, y que no se detecta ningún acto de enriquecimiento personal o a terceros.