El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado los recursos presentados por Josep Maria Jové y Lluís Salvadó contra su procesamiento por los preparativos del 1-O. El auto confirma, como ya hizo la magistrada instructora en abril, su procesamiento por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos y concluye que durante la investigación en el juzgado de instrucción 13 no se vulneraron sus derechos fundamentales y de defensa, ni siquiera cuando se les pincharon los teléfonos y se registraron sus despachos y domicilios el 20-S. Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox se habían opuesto a los recursos.

En su auto de 32 páginas, la sala de lo civil y penal rebate uno a uno todos los argumentos de los procesados. Así, considera que no ha habido indefensión por parte de Jové y Salvadó ni se han vulnerado sus derechos, ya que mientras eran investigados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, a partir de septiembre del 2017 hasta que fueron elegidos diputados en el Parlament en diciembre del 2017, se pudieron defender plenamente.

Además, también niega que se hayan incorporado pruebas de otros procesos donde no estuvieran presentes, y dice a los abogados que no han aportado ningún ejemplo. El escrito recuerda que la investigación inicial del juzgado de instrucción 13 era por el supuesto espionaje fiscal de la Generalitat a los ciudadanos y el posible camuflaje de 400 millones dentro del presupuesto del Govern para organizar el 1-O. Por eso se dirigió la investigación contra el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda.

El delito de prevaricación

Los magistrados también dicen que el delito de prevaricación se basa en el convenio entre Vicepresidència y el Idescat para acceder a datos del censo para sólo elaborar el censo electoral para el referéndum independentista. También dice que el delito de malversación, aunque se haya juzgado en el Tribunal Supremo sin la presencia de Salvadó y Jové, también se puede aplicar a los ahora dos procesados, porque los dos formaban parte del control del gasto de la Generalitat.

A Salvadó le recuerda específicamente que el programa para mejorar la hacienda catalana preveía escenarios postreferéndum cuando el TC ya lo había impugnado y había recordado que la Generalitat no podía gestionar impuestos no cedidos.

Por último, considera proporcionales las medidas cautelares de comparecencia mensual en los juzgados, sea el más próximo a su casa o en el mismo TSJC, cerca del Parlament donde trabajan, además de la entrega del pasaporte para que no se marchen al extranjero.

A finales de junio Jové i Salvadó pagaron 1,6 millones de euros de fianza gracias a las aportaciones de la Caixa de Solidaritat. Jové tiene pendiente otra fianza, de 2,8 millones, que el Tribunal de Cuentas tiene que determinar si está abonada con la causa del 1-O en el Tribunal Supremo.