El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado la recusación del juez que lleva la causa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia a las resoluciones de la Junta Electoral sobre los lazos amarillos. A su parecer, la petición de Torra se fundamenta en motivos "imaginarios, ilusorios y arbitrarios".

De hecho, la respuesta cuestiona al abogado Gonzalo Boye por como argumenta los motivos de la recusación: "Con el objetivo de dilatar indebidamente la tramitación de la causa (art. 24.2 CE), como pone de manifiesto el hecho de que esté fundada, por una parte, en motivos imaginarios, ilusorios o arbitrarios, sobre los cuales no se aporta ni se ofrece principio de prueba válido alguno, y, por otra parte, en una causa legal en que estos motivos no podrían encontrar encaje de ninguna manera. "

Dice el auto, además, que "constituye un notorio abuso de derecho que comporta, además, un fraude procesal perpetrado, por una parte, con el propósito de apartar de la instrucción de la causa al juez natural predeterminado por la ley y por las normas de reparto de esta Sala, simplemente, por no haber resuelto en el único sentido que estaba dispuesta a admitir la parte recusante, y, por otra parte, con el objetivo de dilatar indebidamente la tramitación de la causa (art. 24.2 CE), como pone de manifiesto el hecho de que esté fundada, por una parte, en motivos imaginarios, ilusorios o arbitrarios, sobre los cuales no se aporta ni se ofrece principio de prueba válido alguno, y, por otra parte, en una causa legal en que estos motivos no podrían encontrar encaje de ninguna manera".

El magistrado Carlos Ramos se muestra implacable en su escrito por desestimar la recusación de Torra: "Tampoco procede aceptar como Principio de prueba de la propia Resoluciones de 27 de junio 2017, que ha constituido el detonante de la recusación, bajo pena de incurrir en el inadmisible vicio de tautología consistente en acreditar las pretensiones simplemente por la suya simple enunciado - "porque lo digo yo".

 

El escrito contrapone la actitud de Torra con la del conseller de Interior, Miquel Buch. Dice que Buch sí que hizo caso de la Junta Electoral cuando se le requirió eliminar los símbolos: "Cuando estas mismas órdenes le fueron dadas al conseller de Interior de la propia Generalitat de Catalunya, las mismas fueron cumplidas en menos de 24 horas".

En el auto se pone de manifiesto que todo los implicados en el caso, tanto tuesta como los abogados de la Generalitat, el síndico de Greuges y los abogados del presidente de la Generalitat, han aceptado y dado por supuesta la competencia de la JEC y observación que la supuesta imparcialidad de dos de sus vocales sólo se atribuye, por parte de Quim tuesta, a partir "de las opiniones que publicaron en las redes sociales con posterioridad a la adopción de los acuerdos", y que su nombramiento también fue fruto de la intervención de Junts per Catalunya en la formación de la JEC y que por lo tanto tenían "perfecto conocimiento de sus méritos y perfiles".