El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado este viernes parar de forma cautelar la salida de Acciona de la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), como había pedido la compañía. En un auto, el tribunal asegura que el hecho de que todavía no se haya acordado "el pago de las cantidades resultados de la liquidación del contrato" no supone una medida suficiente para parar la salida de Acciona del ATLL porque estos "perjuicios puramente económicos son obviamente reparables" y no pueden fundamentar la adopción de la medida cautelar solicitada. El juez, por lo tanto, avala que a partir del 1 de enero del 2019 la Generalitat, a través de un nuevo ente público, gestione directamente el servicio de agua, sin "prejuicio de lo que se pueda resolver en su día sobre el fondo del litigio".
Acciona había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 20 de diciembre del conseller de Territori, Damià Calvet, que declaraba la finalización de la prestación efectiva del servicio de agua a la red Ter-Llobregat el 31 de diciembre.
La compañía argumentaba que había que parar cautelarmente su salida del ATLL porque si no, ya habrá perdido la concesión administrativa y no tendría posibilidad de defender el contrato. Además, alegaba que se lo obligaba a devolver las instalaciones, que siempre han estado de titularidad pública, pero que gestionaba por concesión, "sin que la administración haya abonado, de forma simultánea, las cantidades resultados de la liquidación del contrato". Acciona, incluso, hablaba de "el impacto económico-presupuestario" que un posible pago podría tener en las finanzas de la Generalitat.
El auto judicial incluso lamenta que Acciona "plantee de nuevo" la conservación del contrato, cuando la propia sala del TSJC ya dictaminó el 19 de noviembre que "la invalidez del acto de adjudicación comportaba necesariamente la del propio contrato, y que este no podía seguir en efecto una vez anulado el acto por el cual se había seleccionado el contratista". Es decir, el tribunal reitera que el concurso por el cual se seleccionó Acciona es nulo y que, como consecuencia, también lo es el contrato de concesión.