Ninguna modificación. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha contestado a la defensa de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, que no hará ninguna aclaración ni corrección de la sentencia, en la cual la condena a 4 años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación a cargo público, según un auto comunicado este jueves. Los abogados de Borràs, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, indicaron dos errores: que la sentencia no tiene número y que no se recogen las condenas que modificó la Fiscalía a los otros dos condenados, Isaías Herrero y Andreu Pujol. Con esta negativa, el tribunal del TSJC mantiene los cinco días para que la defensa de Borràs y la Fiscalía anuncien si presentan recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la condena. El plazo finaliza el próximo martes.
Los argumentos del TSJC
En la resolución, el tribunal del TSJC —formado por los magistrados Jesús María Barrientos, Fernando Lacaba y María Jesús Manzano— expone que “no se observa ninguna discordancia ni error entre la petición realizada por el ministerio fiscal” en su escrito de conclusiones definitivas, el 1 de marzo de 2023, y las recogidas en los folios 1.661 a 1.667, y, por lo tanto —añade— no hay que aclarar la sentencia dictada por el tribunal” y desestima la petición de aclaración. En cuanto a la segunda reclamación, el tribunal del TSJC precisa que el número de la sentencia, que es la 1/23, “ya fue informada en una resolución de diligencia de ordenación del 31 de marzo de 2023 por parte del letrado de la Administración de Justicia”, y, por tanto, considera que no tiene que hacer ninguna corrección. Si el TSJC hubiera aceptado la reclamación de la defensa, quizás, se habrían modificado los plazos para anunciar los derechos vulnerados y el recurso ante el alto tribunal español.
Los recursos previstos
Es probable que la Fiscalía presente recurso ante Tribunal Supremo, como la defensa de Laura Borràs, pero en sentido contrario. Las fiscales Teresa Duerto y Assumpta Pujol defendieron que la presidenta de Junts fuera condenada a 6 años de prisión y a 23 años de inhabilitación a cargo público por el delito de prevaricación en concurso con el de falsificación en documento oficial y en documento privado por haber ordenado y aprobado el fraccionamiento en 18 contratos de la renovación de la web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que sumaba más de 335.000 euros, a Herrero entre los años 2013 al 2017. Un fiscal del Tribunal Supremo, con el parecer de las fiscales del caso, tendrá que defender el recurso, si lo presentan, en el cual ahora solo se tendrá que anunciar si se considera que el TSJC no ha aplicado bien el Código Penal y la aplicación de normas.
En la sentencia, el tribunal expresa que no está de acuerdo con la Fiscalía porque considera que el delito de prevaricación va por separado, cuando Laura Borràs —precisa— decidió que Isaías Herrero haría todos los trabajos de modernización de la web de la ILC, y por este delito la condena a 9 años de inhabilitación a cargo público. Aparte, la condena a cuatro años y medio de prisión y a 4 años más de inhabilitación a cargo público al considerar que es autora de un delito de falsificación en documento oficial, al aprobar las concesiones, e inductora del delito de falsificación de documento privado, al pedir a Herrero que presentara otros presupuestos comparsa para simular un concurso público, que hizo con Pujol. Con todo, el magistrado Jesús María Barrientos propone al Gobierno que indulte la mitad de la pena de prisión para evitar a Borràs su ingreso en un penal, al sostener que no volverá a hacerlo, que no se benefició personalmente y que el trabajo fue realizado correctamente.
El voto particular, clave
Por el contrario, la defensa de Borràs, seguramente, denunciará los derechos fundamentales vulnerados en la investigación por parte de los Mossos. También puede destacar el voto particular de la magistrada Manzano, en el cual asegura que Borràs no es autora de un delito de falsificación en documento oficial, sino en documento privado, y que la pena de prisión oscilaría entre los 23 meses a tres años. La magistrada, además, apuesta por aplicar a todos los acusados la atenuante de dilaciones indebidas del procedimiento, al haber pasado cinco años desde el inicio de la investigación, y limitar el castigo a Borràs a 23 meses de prisión, hecho que le evitaría la entrada en un centro penitenciario.