Juicio en ausencia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), finalmente, ha empezado este jueves el juicio al exconseller de Cultura y diputado de Junts en el exilio, Lluís Puig, por un delito de desobediencia por el caso de las obras del Monasterio de Sijena, aunque él no puede declarar. La justicia belga avisó al alto tribunal catalán que "todavía ahora" no podía hacer la videoconferencia de Puig porque están en fase de un cambio legislativo. El presidente del tribunal y del TSJC, Jesús María Barrientos, inicialmente ha aceptado la petición de la Fiscalía que se le juzgue en ausencia porque "no puede estar en standby" a la espera del cambio legislativo belga y por "la dilatación" de la causa que se inició en el 2019. El abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha reclamado la suspensión de la vista porque Puig quiere declarar y el TSJC le permitió hacerlo a distancia, en una resolución. "Es causa de nulidad", ha denunciado Alonso-Cuevillas. Después de una pausa para deliberar, el TSJC -formado por el president del TSJC y las magistradas Eugenia Alegret y Roser Bach- ha mantenido su posicionamiento del celebrar el juicio sin Puig.
Pena de inhabilitación
La Fiscalía y el Ayuntamiento de Vilanova de Sixena, como acusación particular, piden que el exconseller Puig sea condenado por un delito de desobediencia a un juzgado oscense a 2 años de inhabilitación a cargo público. Su abogado pide la absolución.
La legislación permite a un tribunal juzgar en ausencia a un acusado si la pena solicitada es inhabilitación, como el caso de Puig. Este es el argumento usado por el TSJC para mantener la vista. No obstante, Puig es actualmente diputado de Junts en el Parlamento y si es, finalmente, condenado puede implicar que pierda el escaño. Y no hay que esperar que la condena firme, según la Junta Electoral Central (JEC), que fija la "inelegibilidad sobrevenida", tal como se hizo am el president Quim Torra y las causa de las pancartas a favor de los presos políticos, y lo cupaire Pau Juvillà por unos lazos amarillos a la Paeria en época electoral.
La Fiscalía amplia la acusación
En el trámite de cuestiones previas, el fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya José Joaquín Pérez de Gregorio, ha expuesto que ampliaba el relato de hechos acusatorios ante el corto relato hecho por la Fiscalía de Aragón. El presidente del tribunal lo ha alertado que si lo hacía “podía causar indefensión” a Lluís Puig y podría ser motivo de suspensión. El fiscal, pero, ha asegurado que no, y ha añadido que Puig de “forma consciente y voluntaria” no atendió el requerimiento judicial hasta ser destituido por el 155, el 27 de octubre de 2017. La orden era del juzgado de Huesca para que se entregasen 44 obras del Museo de Lleida al Monasterio de Sijena, como a su antecesor, Santi Vila. El TSJC no ha admitido esta ampliación para garantizar el derecho de defensa de Puig.
Lluís Puig asumió el cargo de conseller de Cultura el 4 de julio de 2017 y el día 7 le notificaron la ejecución de la sentencia. Puig la recogió y pidió más tiempo, puesto que acababa de asumir el cargo. Además, desde el Departament de Cultura se lo informó que se había recurrido contra la resolución que anulaba la compra de los bienes por parte de la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Catalunya- entre el 1983 y el 1994- y también contra la resolución que ordenaba la ejecución provisional, el 27 de junio de 2017. Su abogado ha pedido que estos recursos se incluyan como prueba, y que se acepte la declaración de un exjefe de los Museos el 2017. Todo ha sido aceptado por el tribunal.
Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Sixena, Jorge Español, que ejerce la acusación popular, ha expresado su “temor que el tribunal no sancione” a Puig ante sus resoluciones que le deniegan prueba y acciones, como por ejemplo ordenar la detención del diputado juntaire. "No puedo ejercer el derecho de defensa", ha reiterado Español, de forma incomprensible y, inicialmente, sin querer interrogar a los testigos solicitados por su parte. El presidente del tribunal, con paciencia, le ha dicho que exprese las protestas que crea oportunas.
Santi Vila no declara
Después de las cuestiones previas, el juicio ha empezado con los testigos. El exconseller de Cultura, Santi Vila, se ha acogido a su derecho a no declarar porque tiene que ser juzgado por los mismos hechos, en un juzgado Penal de Barcelona, en mayo.
"Un asedio militar al Museo de Lleida"
El exdirector de Patrimoni de la Generalitat Jusèp Boya ha declarado al tribunal que los dos exconsellers de Cultura actuaron "correctamente" porque "el proceso administrativo no estaba cerrado" porque se habían presentado recursos a los autos del juzgado de Huesca. "Fue un asedio militar en el Museo de Lleida. Fue una violencia extrema y les apoyamos", ha declarado Boya.
Preguntado por la defensa de Puig, el entonces director de Patrimonio también ha aclarado que el Museo de Lleida es gestionado por el Consorcio Diocesana de Lleida, donde también está el obispado, y, por tanto, la Generalitat no podía atender sola la resolución judicial y que "había que hacer un procedimiento administrativo".
En el juicio, también ha declarado como testigo el jefe de la Guardia Civil que recibió la orden judicial de llevarse las 44 obras del Museo de Lleida, el noviembre de 2017. El agente ha indicado que comunicó a la jueza el 1 de diciembre de 2017 el plan para llevarse las obras, como hicieron de madrugada diez días después.
La Diputación de Aragón pagó unos 13.000 euros por el traslado de las obras al Monasterio de Sijena, que todavía no se podan ni visitar, ocho años después de su retirada. El ente reclama este dinero a los dos exconsellers.
El responsable de la Guardia Civil ha indicado que primero se reunió con el director del museo para hacerlo, y que no había ningún responsable político allá. Y es que desde el 27 de octubre de 2017, el Govern estaba intervenido por el 155 y era en manos del Gobierno del PP.
La Generalitat "no era poseedora de los bienes"
La jefa de los Servicios Jurídicos de la Generalitat, Pilar Bayarri, ha explicado al TSJC que era con Puig cuando recibió el requerimiento judicial y que ella redactó el escrito a la jueza de Huesca que acababa de asumir el cargo de conseller y que "quería estudiar la mejor forma de cumplir su orden". Bayarri también ha añadido que se comunicó a la jueza que "la Generalitat no era la poseedora de los bienes", sino del consorcio y que había que hacer una tramitación. La jueza no atendió este recurso, a pesar de que la Audiencia de Huesca resolvió que el consorcio diocesano era parte del proceso judicial.
El abogado de la Generalitat, Xavier Puiggròs, ha explicado los recursos civiles que presentó contra la resolución de la jueza de Huesca sobre las obras de Sixena y también ha insistido que se la informó que "la Generalitat no tenía la posesión de los bienes y hacía falta un procedimiento más complejo", pero no se le hizo caso.
Con la Generalitat intervenida, el abogado también ha explicado que el ministro de Cultura también le dijo que necesitaba tiempo para analizar este caso de disputa patrimonial. La orden judicial de la requisa de las 44 obras se ejecutó antes.
Joan Rosàs, exjefe de coordinación museística de los Servicios de Museos de la Generalitat, ha declarado como testigo propuesto a última hora por la defensa de Puig. Rosàs ha explicado que el entonces conseller Puig lo llamó para preguntarle "qué se tenía que hacer para devolver las obras" y que él le expuso que era un procedimiento complejo, puesto que se habían aportado al Museo, donde había un consorcio, y formaban parte "de un conjunto declarado bien cultural" y que había que descatalogar, antes de entregar las piezas. El exresponsable cultural, como los otros dos profesionales de la Generalitat, también ha negado rotundamente que el exconseller Puig le dijera que quería desobedecer la orden judicial.
El fiscal celebra el 155
Al final del juicio, las dos acusaciones han mantenido la petición de 2 años de inhabilitación para Lluís Puig y que la inhabilitación sea en cargos públicos electos en el ámbito europeo, español y local, y también en cargos ejecutivos y de gobierno. Además, el fiscal pide que pague una multa de unos 6.000 euros, que la acusación particular eleva a 66.000 euros. El abogado Jaume Alonso-Cuevilla ha pedido su absolución.
En su informe, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha asegurado que el exconseller Puig desobedeció "de forma consciente y clara" y que "fue el ministerio de Cultura, durante la aplicación del 155, que hizo entregar las obras, si no todavía estarían allá", al Museo de Lleida. Ha añadido que los recursos presentados por la Generalitat al juzgado de Huesca eran "subterfugios por no cumplir el requerimiento judicial". Ha insistido que la "Generalitat era la titular de las obras" y que "el exconseller era el presidente del consorcio del Museo".
Por el contrario, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha asegurado que en la vista se ha demostrado "la voluntad cumplidora del consejero Puig", y ha lamentado que el tribunal no lo haya escuchado por lo que dijo a instrucción y que lo han ratificado los testigos.
Alonso-Cuevillas ha añadido que "no era tan fácil como dicen de contratar una furgoneta, sino que hacía falta un procedimiento administrativo complejo". Ha hecho referencia al caso de la entonces consellera socialista Caterina Mieras que el 2006 evitó un traslado de obras sin ciertos requisitos, tal como se quería hacer desde la Generalitat con las obras de Sijena, y la justicia le dio la razón.
El abogado de Puig ha pedido su absolución, pero que si no es así, que el tribunal valore aplicar dilaciones indebidas porque el procedimiento lleva abierto más de siete años abierto, y es el límite marcado por el Tribunal Supremo para reconocer este atenuante. Finalmente, Alonso-Cuevillas ha pedido que no se puede reclamar al exconseller el coste de la mudanza de las obras, y que si así fuera, se tendría que hacer a la Generalitat