Suspendido. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado, finalmente, la suspensión del juicio a los cargos de ERC en Economía en el 2017, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, actual consellera de Cultura, por la organización del 1-O, según ha comunicado el tribunal porque coincide con las elecciones catalanas del 12-M. El juicio se había programado del 10 de abril hasta el 29 de mayo, con una veintena de sesiones, y ahora el tribunal quiere evitar que coincida con las elecciones catalanas, que recientemente el president Pere Aragonès ha convocado para el 12 de mayo. Jové, presidente del grupo parlamentario de ERC, pidió la suspensión del juicio, pero por la aprobación inicial de la ley de amnistía, a la cual se pueden acoger los tres cargos de Esquerra Republicana. El tribunal, sin embargo, preguntó, la semana pasada, a las defensas y a las acusaciones -en este caso a la Fiscalía y Vox-, solo si se tenía que suspender el juicio por coincidir con las elecciones, no por la amnistía.
El escrito del TSJC ya avanzaba esta voluntad de suspensión, cuando aseguraba que hacía la consulta de suspensión: "Con el propósito de evitar que se produzcan interferencias recíprocas entre el proceso electoral democrático y el necesario sosiego que tiene que presidir la celebración del juicio oral, y con el fin de garantizar en la medida en que sea posible la plenitud del ejercicio de todos los derechos en juego." La campaña electoral será del 26 de abril al 10 de mayo, además de la misma jornada electoral. Es decir, que coincidían con sesiones del juicio. Esquerra se enfadó con Junts con su primera negativa a aprobar la ley de amnistía porque afectaba directamente a los tres cargos de ERC, ahora salvados del juicio.
Aplicación de la amnistía
Paralelamente, una magistrada del TSJC ha descartado apartar al presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos del juicio del 1-O, tal como exigía Jové al considerar que con las afirmaciones que había hecho en un acto público ha perdido su imparcialidad para juzgar el caso del Referéndum. El presidente del TSJC aseguró, en un acto de bienvenida a los nuevos jueces y juezas en Catalunya, que la ley de amnistía "nunca podrá ser esgrimida como un elemento de pacificación, sino de discordia" e hizo referencia a "espacios de impunidad". Así, finalmente la suspensión no ha llegado por la ley de amnistía, sino por las elecciones a president de la Generalitat.
No obstante, será el tribunal, presidido por Barrientos, con los magistrados Carlos Ramos y Fernando Lacaba, quien tendrá que valorar si aplica el olvido penal a Jové, Salvadó y Garriga, o hace una consulta sobre la constitucionalidad de esta ley de amnistía, que se prevé que se apruebe a final de mayo.
Penas de prisión
La Fiscalía Superior de Catalunya presentó, hace un año, el escrito de acusación contra los mandos de Oriol Junqueras en el 2017: pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové, y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona, por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del Referéndum, bajo la dirección de Jové.
La reanudación del juicio coincidirá con la entrada en vigor de la ley de amnistía de los hechos del Procés. Aun así, el juicio puede quedar paralizado si el TSJC hace una consulta al Tribunal Constitucional (TC) o al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La norma sí que tendría que llegar a tiempo para que no se sienten en el banco de acusados la veintena de excargos y empresarios procesados por el 1-O en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y pendientes de juicio. El Gobierno cifra a los beneficiarios de la ley de amnistía en cerca de 400 personas, mientras Òmnium Cultural cifró los represaliados en unas 4.000.