Nuevo despropósito. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha denegado a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) cobrar 336.143 euros que exigía al Departament de Presidència por los anuncios de promoción de la votación del 1-O de 2017, con la imagen de las vías. El razonamiento del tribunal es que las dos facturas que emitió TV3 al Govern por las prestaciones realizadas no las puede cobrar, porque era una "actuación ilegal", haciendo referencia a que el Tribunal Constitucional (TC) prohibió todo impulso del referéndum y TV3 "admite que fue notificada" a no hacer ninguna actuación. La gravedad de esta nueva resolución es que el Tribunal Supremo incluyó estos 336.143 euros junto con otros gastos, que le permitió agravar la condena por malversación de fondos públicos en concurso con un delito de sedición al conseller de la Presidència, Jordi Turull (Junts), a quien castigó a 12 años de prisión, y después de más tres años encerrado fue indultado por el Gobierno, como los otros ocho presos políticos. "Hola, Tribunal Supremo o Tribunal de Cuentas", ha tuiteado Turull ante la noticia del TSJC. Su defensa, por ahora, no hará ninguna reclamación judicial.
En la resolución, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC expone que el Departament de la Presidència alega que los anuncios del 1-O se encargaron y que Carat y Focus renunciaron a hacerlos, la campaña de Civisme se declaró desierta y Presidència decidió encargar directamente a la Corporació la emisión de los anuncios relacionada con el referéndum del 1-O. La resolución recoge el posicionamiento de la Generalitat que asegura que "no se puede reclamar el pago de dos facturas anuladas y que además reflejan hechos ilegales, de desobediencia al TC".
No obstante, esta resolución podría ayudar a rebajar las imputaciones de malversación a dos de los investigados por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona; Antoni Molons, entonces secretario de Difusió de Presidencia, y Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat, ahora jubilada. A los dos se les acusa de malversación de fondos por la publicidad del 1-O, que se cifra en 602.649 euros. Aparte, la entonces vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, el director de TV3, Vicent Sanchis, y el de Cataluya Ràdio, Saül Gordillo, también han sido procesados por el delito de desobediencia al TC por haber permitido la emisión de los anuncios de l'1-O, delito que en este caso no implica penas de prisión, sino inhabilitación a cargo público. La causa de los organizadores del 1-O continúa parada hasta que se aclare si se le tiene que unir la causa de Exteriors.
Condena
El Tribunal Supremo condenó a Jordi Turull, que asumió la dirección del Departament de la Presidència en julio del 2017, a doce años de prisión por el delito de sedición en concurso con el de malversación de fondos públicos. Además de la promoción del referéndum con los anuncios de TV3, el alto tribunal español aseguró que Turull malversó fondos porque su departamento "lideró" la puesta en marcha de la web www.referendum.cat y los diversos aplicativos a través del CTTI, "que no se ha cuantificado"; la campaña de registro de catalanes en el exterior, en febrero y marzo de 2017, con una factura de 220.253 euros, "que no ha sido abonada"; unos 2.700 euros para el diseño de la web pactepelrefereundum.cat; la campaña de civismo del 1-O en la CCMA, sin embargo -sostiene el Supremo en la sentencia- "que su pago se paró por el expediente administrativo", y ahora el TSJC ha aclarado que no se tiene que pagar nada; además de la cartelería encargada por 47.151 euros, aunque algunos responsables de las imprentas declararon en el juicio que no reclamarían el dinero, y finalmente el encargo a Unipost para la notificación de los nombramientos de los integrantes de las mesas electorales por valor de 198.871 euros, y otra parte se imputa a la entonces consellera de Treball, Dolors Bassa, también condenada a 12 años de prisión. Ningún gasto más.