El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tumbado el recurso del Govern para la retirada del monumento franquista de Tortosa, de manera que mantiene paralizadas las obras. Concretamente, la justicia ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa pública de la Generalitat CIRE (Centre d'Iniciatives per a la Reinserció) en el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona. Fue este juzgado el cual decretó la suspensión cautelar de la ejecución de la licencia de obra para la retirada del monumento.

La resolución del TSJC concluye que sacar el monolito "no responde a un interés particular". Por el contrario, "afecta a la protección del patrimonio cultural". Eso es el mismo argumento que utiliza al Colectivo para la Reinterpretación del Monumento a la Batalla del Ebro (Corembe). Corembe es una de las entidades que quiere preservar el monumento franquista y que ahora, obviamente, ha celebrado la decisión del tribunal. Además, ha mostrado su confianza en el hecho de que se resuelvan los procesos judiciales.

Vergonya Monumental, sobre la retirada del monumento franquista de Tortosa

Por su parte, Vergonya Monumental ha lamentado la resolución del TSJC y ha asegurado que se trata "de un nuevo caso de politización de la justicia". "Las políticas de memoria democrática se aprueban en los parlamentos, no en los tribunales", ha añadido la campaña actual de la Comisión para la retirada de símbolos franquistas de Tortosa. Además, ha recordado que el próximo miércoles 13 de julio habrá una acción en Tortosa "por la memoria". "¡Fuera monumento franquista!", ha concluido el perfil de Twitter.

Ley de memoria democrática

En esta línea, hay que recordar que la ley de memoria democrática impulsada por el Gobierno superó este lunes la votación en la Comisión Constitucional. EH Bildu, PNV y PDeCAT votaron a favor, mientras que ERC y Junts se abstuvieron con el fin de seguir negociando el texto hasta la próxima votación en el Congreso de los Diputados. Los dos partidos independentistas ven "insuficiente" esta norma, que declara la ilegalidad del régimen franquista y la nulidad de las resoluciones de sus tribunales sin modificar la ley de amnistía de 1977. Eso último era una de las reivindicaciones de las dos formaciones catalanas, que reclamaban tocarla para poder investigar y juzgar en España los crímenes del franquismo.

Un histórico dirigente republicano, Joan Tardà, se mostró indignado por la abstención de ERC. De hecho, se mostró triste y decepcionado por la decisión de su partido, al cual ha acusado de blanquear la ley. "La dirección de mi partido ha decidido no plantar cara a la ley de memoria del PSOE, y abstenerse. Tantos años tirando y denunciando la impunidad por parte de tantos afiliados no merecían este final mentiroso blanqueado por nosotros. Éramos la última voz de las víctimas", escribió en su perfil de Twitter.