Turquía actúa con los políticos independentistas kurdos como España con los políticos independentistas catalanes y vascos. Esta es la explicación que ha dado a la prensa internacional el ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, para justificar la destitución de tres alcaldes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP, socialista), muy arraigado en el Kurdistán turco. "Pese a que no hubo ningún acto violento, doce representantes catalanes han sido procesados por delitos de destrucción del orden constitucional, violencia y desobediencia" ha dicho, demostrando buen conocimiento del proceso del 1-O.
El periodistas le cuestionaban sobre la repercusión en Europa del nuevo episodio represivo en el Kurdistán, que todavía provoca manifestaciones y disturbios como los de la foto. El ministro se ha defendido señalando que la Unión Europea no puede criticarles mientras calla sobre la persecución de cargos electos en un estado miembro de la UE, en alusión a España.
Imposición de Ankara
Los tres alcaldes suspendidos han sido relevados por alcaldes directamente impuestos por el gobierno de Ankara. El ministerio del Interior acusa a aquellos de connivencia con el Partido Obrero del Kurdistán (PKK, separatista, comunista) al que las autoridades turcas consideran organización terrorista.
Los cargos destituidos son Adnan Selcuk Mizrakli, co-alcalde de Diyarbakir, la capital del Kurdistán turco; Ahmet Turk, alcalde de Mardin, y Bedia Ozgokce, co-alcalde de Van. En las elecciones del 31 de marzo pasado, los tres habían derrotado a alcaldes designados por el gobierno.
Medida antidemocrática
Soylu pertenece al Partido de la Justicia y Desarrollo (AKP, islamista), que encabeza el presidente Recep Tayyip Erdogan. La destitución de estos alcaldes llega apenas unos meses después de las elecciones municipales en que el AKP fue derrotado en las grandes ciudades del país, entre otras Estambul y Ankara.
Incluso pesos pesados del AKP, como los exprimeros ministros Ahmet Davutoğlu i Abdullah Gül, este último también expresidente, entre otros, han criticado las destituciones como una medida antidemocrática.
El caso Demirtaş
El miembro más conocido del HDP es el diputado Selahattin Demirtaş, que lleva dos años encarcelado sin juicio. Demirtaş es el protagonista de un dictamen del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que los presos políticos catalanes utilizaron para conseguir su excarcelación, sin éxito.
El dictamen concluye que impedir a Demirtaş tomar parte a las actividades del parlamento como resultado de la prisión preventiva es una injustificable interferencia en la libertad de expresión y de opinión, y en su derecho a ser elegido y a ocupar su escaño. Asimismo, denuncia que la prolongación de la prisión persigue el objetivo de "sofocar el pluralismo y limitar la libertad del debate político".
El Tribunal considera que esta prisión "pone en peligro el sistema democrático" y no sólo los derechos y libertades del diputado, y reclama que el Estado truco adopte las medidas necesarias para "poner fin a la detención preventiva del demandante". Demirtaş sigue en prisión.