Llegan las reacciones después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya dictaminado hoy que España "violó el derecho político" de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull cuando vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 al suspenderlos de su cargo como diputados en el Parlamento después de los hechos de octubre de 2017. Precisamente ha sido quien fue conseller de Presidencia y portavoz del Govern en aquel momento, y ahora secretario de Junts, Jordi Turull, uno de los primeros a reaccionar a la noticia, declarándose "muy contento de esta nueva victoria internacional del independentismo" en un tuit en Twitter.
Poco rato después, él mismo se ha pronunciado en una entrevista en Catalunya Radio, en qué ha reafirmado su satisfacción por una resolución que ha descrito como "un gran cachete" porque evidencia cómo el Estado español decidió "que en Catalunya la política la marcarían las togas y no las urnas". Además, la ha tildado de "victoria política y moral" que genera confianza entre todas aquellas personas que han sido víctimas de la represión y que aún ahora se enfrentan a ella.
Turull también ha celebrado que la resolución signifique un revés contra el juez del Tribunal Supremo e instructor de la causa contra el independentismo catalán Pablo Llarena, que "ya acumula varias bofetadas a nivel internacional", según ha dicho. "Pero no es solo el caso de un juez, sino de una cúpula judicial que a partir del discurso del 3 de octubre se erigió en eso: que en Catalunya hará la política quien digan los jueces, y no las urnas". Ahora bien, no se ha mostrado sorprendido por la dirección que ha tomado el Comité de Derechos Humanos de la ONU porque, como ha recordado, su suspensión solo era posible si eran acusados de rebelión, cosa que finalmente no fue así.
Pocas consecuencias en España
A pesar del golpe duro que supone este informe de las Naciones Unidas, el secretario general de Junts no se ha mostrado muy confiado que haya consecuencias considerables en el marco del Estado. "No somos demasiado optimistas porque normalmente la reacción del Estado a los cachetes siempre va en la dirección contraria, a adentrarse más en el error", ha dicho. Como ejemplo, ha querido situar el caso en qué el Canadá modificó su Constitución para adaptarse, precisamente, a una resolución del mismo Comité de Derechos Humanos porque avisaba que no trataba "como tendría que tratar" las minorías del país. "¿Eso es imaginable en el Estado español? Soy muy pesimista", ha reconocido.
En quién sí que deposita confianza, sin embargo, es en las instancias europeas superiores, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) porque acostumbran a fijarse "mucho" en las resoluciones de este comité de la ONU y "son organismos de una fuerte convicción de arraigo democrático y defiende de los derechos humanos". Más allá, Turull también ha abierto la puerta a que este informe se incluya en los recursos que tiene que presentar el independentismo ante la Justicia europea contra la sentencia del procés, si bien ha explicado que la decisión final la tomarán los abogados y ha aseverado que los documentos que acumulan hasta ahora "ya van cargados de argumentos para que pueda haber una resolución positiva".