Jordi Turull ha celebrado el aval de la Junta de Fiscales a la amnistía, para que se aplique a la malversación de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. "Bon vent i barca nova!", ha expresado este martes el secretario general de Junts en Twitter, donde se ha despedido de los fiscales del procés, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena: "A hacer política y de justicieros a otro sitio".

La cosa es que, finalmente, la Fiscalía pedirá la amnistía total para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Lluís Puig, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, condenados o procesados por malversación. Así lo ha ratificado este martes una Junta de Fiscales de Sala dividida, que se ha alineado con la postura de Álvaro García Ortiz: a favor, 19 fiscales (18 y el fiscal general); en contra, 17. Acabada la reunión, que se ha alargado más de cinco horas, la decisión es firme y definitiva.

Además, la decisión enmienda la posición de los cuatro fiscales del procés, contrarios a incluir la malversación en el perímetro de la amnistía. Los fiscales de sala han dado apoyo mayoritariamente a la idea que los hechos del 1-O no provocaron un "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" y no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea. Por lo tanto, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena han sido apartados de la causa y García Ortiz ha designado la suya segunda, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de la sala de lo penal del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, como fiscales encargados de firmar el informe y defender el posicionamiento del Ministerio Fiscal ante Pablo Llarena y Manuel Marchena. Mañana acaba el plazo por pronunciarse.

García Ortiz ordenó a los fiscales del Supremo que defendieran que todos los delitos vinculados al referéndum "están comprendidos" en el perímetro de la amnistía y que, por lo tanto, todos los líderes del procés tienen que ser amnistiados. En un informe de 133 páginas, puso en duda el criterio de los fiscales del procés y argumentó que "el perjuicio patrimonial para la administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial. Esta es la tesis que se ha impuesto este martes.

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