El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha vuelto a reclamar que lo excluyan de la petición de indulto que la Fiscalía ha avalado a petición de un ciudadano particular. "Blanquear la presunta prevaricación por parte de los jueces de #LaTogaNostra por la no aplicación de la ley de amnistía ni hablar. No sé quién ha hecho esta petición de indulto, pero le pido que a mí me saque inmediatamente de esta, y al Ministerio de Justicia le pido exactamente lo mismo", ha dicho el dirigente juntaire a través de X.

Y es que la Fiscalía ha avalado esta petición de indulto para el mismo Turull, el exvicepresidente de la Generalitat y expresidente de ERC, Oriol Junqueras, y para los exconsellers republicanos Dolors Bassa y Raül Romeva. Hay que recordar que el indulto de que el Consejo de Ministros concedió el indulto a los presos políticos era parcial. Es decir, levantaba las penas de prisión, pero mantenía la inhabilitación hasta el 2030 para Turull y Romeva y hasta el 2031 para Junqueres y Bassa.

A la espera de la aplicación definitiva de la ley de amnistía, la fiscalía considera que no se entiende que los cuatro miembros del Govern en el 2017 no puedan ser amnistiados mientras la norma del olvido penal sí que puede ser aplicada a "aquellos todavía no juzgados y que no han sido objeto de condena ni han empezado a cumplirla". Por eso, esgrime que la concesión del indulto "parece pertinente", dado que es "excesivo" que "se siga cumpliendo la pena de inhabilitación, atendiendo las circunstancias en que el delito se cometió y que otros intervinientes en hechos que se enmarcan en el procés independentista catalán tienen que ver extinguida de manera total su responsabilidad penal sin ser enjuiciados, al tener que archivar las causas contra ellos iniciadas." Precisamente, en el marco de la no aplicación de la ley de amnistía, Turull reclama no incluirlo dentro de la petición de indulto para no blanquear la decisión de los jueces españoles de no aplicar la ley de amnistía.

El Ministerio Fiscal recuerda que su posicionamiento claro está: el delito de malversación es "susceptible de ser amnistiado" porque está "comprometido dentro de los actos que entran en el ámbito objetivo" de la ley de amnistía. Así pues, la Fiscalía considera que "no se desprende ninguna causa para que la ley de amnistía exceptúe de su aplicación el delito de malversación objeto de condena cuando los fondos malversados se han destinado a pagar los gastos ocasionadas" para llevar a cabo el referéndum del 1 de octubre.