El Govern no contempla la posibilidad de que se lleve a cabo la amenaza del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, sobre la hipotética detención del president Carles Puigdemont. No lo quiere "ni imaginar", según el portavoz del Ejecutivo, Jordi Turull, pero advierte que con "la detención del president de la Generalitat ya no estaríamos hablando de un acto de justicia -que no lo es-, sino de un acto de venganza e impotencia".

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu y cuando aún no ha passado una semana desde la operación policial contra el referèndum, Turull se ha mostrado muy crítico con la actuación del Fiscal General del Estado, al que le ha recordado que "no es el sheriff ni es el juez" y que quien tiene que decidir -"si hay una mínima garantía"- son los magistrados. "¿Cómo puede ser que un fiscal tenga barra libre para hacer lo que quiera?", ha reprochado el conseller.

"Lo que está viendo el mundo entero es la vulneración de derechos por parte del Estado español. Lo que estamos viviendo desde todos los puntos de vista es escandaloso", ha denunciado, Turull que ha argumentado sus acusaciones con cuestiones concretas como es el hecho de que en el Estado español es "muy normal que la página web de la fundación Francisco Franco esté operativa y la de aquella entidad que ha deslumbrado al mundo con increíbles movilizaciones [la ANC] esté cerrada, sin previo requerimiento".

Ante esta situación, el conseller de Presidència ha evitado aportar ningún tipo de información logística sobre cómo se garantizará la celebración del referéndum, pero ha insistido reiteradamente en que, por más "ardor guerrero e intimidaciones" que haya, el Estado "está perdiendo el tiempo", porque "el 1-O se" hará.

Los Mossos saben que tienen qué hacer

Lo que sí ha querido dejar claro Turull es la confianza del Govern en la actuación de los Mossos. "Los Mossos saben perfectamente qué tienen que hacer", ha asegurado, además de subrayar que el Govern no intervendrá en las decisiones de un cuerpo que tiene "todo el prestigio y la confianza".

El conseller de Presidència ha contrastado esta no interferencia en la acción de los Mossos con la actitud del Ministerio del Interior en relación a los cuerpos estatales. "Por parte del Ministerio del Interior, lecciones de cómo dirigir la policía, cero", ha advertido, reprochando que en todo caso pueden dar lecciones sobre cómo "destruir al adversario político".

En respuesta a la intervención de la Fiscalía Superior de Catalunya en el operativo policial para parar el 1-O y a raíz de las actuaciones del director del gabinete de coordinación de la secretaría de Estado de Seguridad del ministerio de Interior, Francisco Pérez de los Cobos, el Govern ha decidido presentar un requerimiento de incompetencia ante el Gobierno del Estado en el que denuncia que se ha alterado la dependencia orgánica del cuerpo de Mossos, y se ha creado un cuerpo de coordinación que vulnera las competencias de la Generalitat que contempla el Estatut.

Asimismo, el Ejecutivo catalán ha presentado un escrito ante el TSJC por "asunción ilegítima" por parte del Fiscal Superior de Catalunya de competencias, en el cual se requiere que la Fiscalía deje de practicar diligencias en relación con la celebración del referéndum. Asimismo, el Govern ha presentado una protesta formal por la vulneración de diferentes artículos de la Constitución, el Estatut, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.