El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lamentado que el juez Joaquín Aguirre "solo quiera venganza sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza". De esta manera, ha reaccionado a través de su cuenta en la red X al hecho de que el magistrado haya abierto una pieza separada por traición, un delito que no está incluido en la amnistía, y malversación en el marco del caso Volhov. Se trata, según Turull, de una causa inexistente y de una "fantasía inventada". Pero ha añadido que "cualquier cosa vale para perseguir a independentistas".

TUIT Jordi turull

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha abierto una pieza separada del caso Volhov. Aguirre investiga al expresidente de la Generalitat Artur Mas, excargos de CDC como Elsa Artadi y Víctor Terradellas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y el periodista Carles Porta, entre otros. Además, pide a la instancia judicial superior investigar al presidente en el exilio, Carles Puigdemont y el diputado Francesc de Dalmases, que son aforados. El juez lo ha decidido después de que la Audiencia de Barcelona lo obligara a anular las diligencias practicadas desde el agosto pasado.

La reacción de Boye

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha criticado este viernes la decisión del juez instructor Joaquín Aguirre: "Los psicotrópicos son peligrosos" y causan delirios, ha dicho. "A ciertas edades y a ciertas horas los psicotrópicos son peligrosos, porque permiten que se produzcan delirios como lo que estamos leyendo en estas páginas que ha escrito el juez Aguirre con dinero público", ha dicho el abogado en declaraciones a RAC1. Boye también aparece como imputado y, por eso, ha reprochado al instructor que se haya saltado la orden de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en julio del 2023 informó al juez de que se le había agotado el plazo para investigar. "Es un intento de desacreditar al poder legislativo e incluso al propio judicial porque está incumpliendo las resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona con fanfarronadas", ha dicho el letrado.

Por su parte, la Abogacía General del Estado sí que ha pedido este viernes que se aplique la ley de amnistía a Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Marta Rovira, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Clara Ponsatí. En un escrito dirigido al Tribunal Supremo, el organismo pide también levantar las órdenes de busca y captura o bien de detención que pesan sobre los dirigentes soberanistas que se encuentran fuera del Estado. La Abogacía considera que se puede amnistiar al expresidente y el resto de los investigados por todos los delitos que se les imputan en las causas del TS sobre el referéndum del 1-O, incluidos los delitos de malversación al considerar que en el caso de la organización de la consulta de 2017 no se afectaba a los intereses de la UE.