El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha presentado un recurso de súplica contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por los hechos del 1-O al considerar que se enriqueció con la malversación de fondos para organizar el Referèndum. En el escrito, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, este jueves, el abogado Jordi Pina en nombre de Turull pide al alto tribunal español que se forme una sala "con nuevos magistrados", ya que la que le ha denegado la amnistía -formada por 6 magistrados y presidida por el magistrado Manuel Marchena, el cual ha redactado la resolución- "ha usado razones políticas para mantener la persecución penal" de Turull. Pina sostiene que no hay ningún impedimento legal ni material para no hacerlo y recuerda que ya tiene dos demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulnerar derechos políticos de l'exconseller Turull por parte del alto tribunal español.
En concreto, el penalista sostiene que el Supremo ha vulnerado el deber de jueces y magistrados de someterse al imperio de la ley. En el escrito, Pina afirma: "Por medio de interpretaciones extravagantes, imprevisibles y sumamente forzadas del delito de malversación, se elude la decisión democrática tomada en sede parlamentaria por los representantes de la ciudadanía." Y añade que el que ha hecho el tribunal es "imponer su voluntad por encima del texto de una ley democrática y de facto derogarla en cuanto a la malversación", tal como afirma -según indica- la magistrada Ana Ferrer, en su voto particular, en el cual defiende que se aplique la amnistía a los líderes del 1-O.
Un mandato "clarísimamente claro"
El abogado manifiesta: "El sentido y finalidad de la ley de amnistía aprobada por las Cortes Generales es clarísimamente claro, tanto para los partidos que votaron a favor de esta Ley como para aquellos partidos que votaron en contra (y que precisamente por eso votaron en contra): extinguir por completo la responsabilidad penal de las personas que intervinieron en la organización del referéndum del 1-O y, entre ellos, de los miembros del Govern liderado por el MHP Carles Puigdemont."
Sin embargo, el penalista denuncia que el Supremo ni cumple el mandato de la ley de amnistía ni respeta el Código Civil, que precisa que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los ni antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que tienen que ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente el espíritu y finalidad de aquellas. Pero el tribunal, según Pina, "ha retorcido el texto legal (según el voto particular) hasta el punto que ningún ciudadano -ni siquiera los diputados de los partidos que votaron en contra de la Ley- podían prever las conclusiones conseguidas".
El voto particular de la magistrada, clave
La defensa de Turull enumera diferentes derechos vulnerados al político en la resolución del Supremo y hace suyo el voto particular de la magistrada Ana Ferrer, que alerta a sus compañeros del tribunal de los excesos cometidos en el auto. En concreto, afirmar ahora hechos no incluidos en la sentencia que dictaron del procés el 2019, ni en la revisión de su condena, el 2023, cuando el Gobierno modificó el delito de malversación. Hace un año, el alto tribunal español mantuvo que el 1-O fue malversación agravada, pero nunca que los líderes del 1-O se enriquecieron, como ahora lo asegura. Un hecho muy grave y negado por Pina, que destaca que de esta acusación "no hay prueba y Turull nunca se ha podido defender".
El penalista también lamenta que solo el partido ultra Vox comparte la tesis del Supremo, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han expresado con nitidez que hay que aplicar la amnistía a Turull y al resto de líderes del 1-O.
Ningún gasto realizado ni afecta a la UE
En cuanto a la malversación, la defendida de secretario de general de Junts sostiene que "nunca se apoderó de nada porque los compromisos de gasto que adquirió en nombre de la administración catalana en ningún momento revirtieron en un incremento de su patrimonio personal ni recibió por eso ningún tipo de contrapartida".
Pina también se sorprende que el tribunal liderado por el juez Marchena afirme ahora que la acción del Govern en el 1-O afectó a las finanzas de la Unión Europea, a pesar de que solo fuera por los 8 segundos que la declaración de Independencia estuvo en vigor. El letrado le replica que en la sentencia del 2019, el Supremo no asegura que se hayan afectado a fondos de la UE y, además, en los hechos probados, el alto tribunal aseguró que los condenados, con sus acciones, no quería lograr la independencia, sino forzar el gobierno español a negociar. "Fue una ensoñación", afirmó en tono burlón Marchena, en la redacción de la condena por sedición.
Inaudito en juristas de prestigio
Finalmente, Pina también reprocha a los magistrados que citen una propuesta de directiva de la UE de lucha contra la corrupción que todavía no está en vigor. "Resulta sencillamente inaudito que, juristas del prestigio que se supone a los firmantes del auto ahora combatido, atribuyan a un texto aún no aprobado un valor normativo por encima de las normas en vigor, y sin ruborizarse", espeta Pina. I le recomienda -como la magistrada Ferrer- que consulte al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si la ley de amnistía vulnera el derecho de la UE, y que deje de hacer críticas al legislador.