La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un nuevo informe entregado al juez del caso Koldo que el empresario Víctor de Aldama era el "nexo corruptor" que conectaba "de manera premeditada y con intenciones claramente espurias" al Ministerio de Transportes con la trama. El documento de 87 páginas afirma que las sociedades "no solo le proporcionaban beneficios económicos directos derivados de la penetración en el Ministerio" que entonces capitaneaba a José Luis Ábalos, sino que también eran utilizadas como "vehículos para efectuar pagos ilícitos u obsequios con la finalidad de asegurar la complicidad de unos ciertos trabajadores públicos".
El informe también sostiene que es evidente el "poder" que tenía De Aldama, porque "consiguió infiltrar su presunta organización criminal dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" a través de la colaboración activa de Rubén Villalba, el agente de la Guardia Civil destinado en Venezuela y que fue detenido por el caso Koldo. La UCO también destaca que Villalba habría recibido una contraprestación económica con la finalidad de asegurar la protección y la continuidad de la presunta organización criminal a través de dos ejes: garantizar la seguridad interna u orgánica de sus miembros —cosa que incluye las comunicaciones y la seguridad personal— y también garantizar la seguridad externa, que comporta "proteger los actos de corrupción propios de la operativa delictiva".
De Aldama, detenido el pasado lunes
Víctor de Aldama ya fue noticia hace dos días, cuando la Guardia Civil lo detuvo en una operación dirigida por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, por un supuesto fraude a Hacienda de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Aldama habría hecho el papel de "mediador" en esta trama de fraude que habría disparado beneficios millonarios en menos de dos años.
A los investigados se les vincula una serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra Hacienda como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos. Según apunta el Ministerio Fiscal, lo hacían a través de "posicionarse en determinados estamentos de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración pública".
La declaración de Óscar Puente, descartada por ahora
Hace unos días, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no aceptó, al menos de momento, citar a declarar como testigo al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber encargado una auditoría interna para aclarar las comisiones cobradas en la venta de mascarillas durante la pandemia.
La asociación Liberum, que ejerce de acusación popular, había pedido el interrogatorio de Puente. En una de las tres resoluciones, el magistrado solo aprobó citar a otros responsables solicitados y, con respecto al ministro Puente, sin citarlo, precisaba que en este momento procesal no precede. En concreto, el juez aprobó las testificales "con el fin de aclarar la falta de justificación de la recepción de las máscaras" en los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y ADIF a Solucionas de Gestión y Apoyo en Empresas SL.