El buen perfume se vende en tarro pequeño, dice el refrán. Islandia, un país de 300.000 habitantes, es tarro pequeño, esencia para el independentismo. Fue el primer Estado del mundo en reconocer la independencia de las tres repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, en 1991. También la de Eslovenia y Croacia cuando se separaron de Yugoslavia. Islandia desafió a todas las potencias, que querían sacrificar a los bálticos para no debilitar a Mijaíl Gorbachov, con quien negociaban el fin de la Guerra Fría.

Tras la decisión islandesa estaba Jón Baldvin Hannibalsson, entonces ministro de Asuntos Exteriores de la isla, que en aquellos cinco países tiene status de padre de la patria. Aún tuvo narices para viajar a las capitales bálticas en agosto de 1991, en el momento que los parlamentos de Letonia y Estonia declaraban la independencia a pesar de la más que amenazadora presencia de las tropas soviéticas.

Hannibalson tiene 78 años y una larga carrera política. Fue presidente del Partido Socialdemócrata islandés (1984–1996), ministro de Finanzas (1987–1988), ministro de Asuntos Exteriores (1988–1995). Diplomático en los EE.UU. y México entre 1998 y 2002; en Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania de 2002 a 2005 y embajador en Ucrania de 2004 a 2006. También era el líder de la delegación islandesa que participó en la formación de la EFTA. Está a punto de publicar The baltic road to freedom (La vía báltica a la libertad) y es uno de los protagonistas del documental Those who dare (Los que se atreven), estrenado en Londres este miércoles.

El argumento de la Unión Europea (UE) para no entrar en la cuestión catalana es que se establecería un mal precedente por otras naciones y pueblos de Europa, que también pedirían la intervención. Siempre se habla de Escocia y de Flandes, y de vez en cuando también de la Lombardía o Córcega.
Mire, hay alternativas. La visión de Madrid es que se trata sólo de una cuestión legal. Dicen: "Según la Constitución, un referéndum de autodeterminación es ilegal y tenemos el derecho de aplicar la fuerza para pararlo". Pero el caso de Catalunya no es principalmente un asunto legal. Es un problema político que pide soluciones políticas. Eso significa, en primer lugar, que Madrid tiene que rechazar absolutamente el uso de la violencia. En segundo lugar, que hay que abrir una negociación política. La UE tiene el deber de no ser pasiva, de no encogerse de hombros. No puede decir que se trata de un asunto interno de España.

Ningún demócrata puede negar o rechazar el derecho de los catalanes a expresar su voluntad en un referéndum democrático y reconocido

¿Qué debería hacer la UE?
Estamos en 2017. La UE se fundó en los años 50 para evitar el uso de la fuerza, que es la gran lección de las dos guerras mundiales. Nació hacer para institucionalizar la solución de los conflictos sin violencia y con métodos democráticos. El primer objetivo de la existencia de la UE es evitar la violencia, ofrecer una solución pacífica, un camino para una mediación.

¿Cómo?
Bruselas debería enviar una delegación a Madrid para asegurar que no se utiliza la violencia y hacer una propuesta estructurada para celebrar discusiones formales [entre los gobiernos español y catalán]. Ningún demócrata puede negar o rechazar el derecho de los catalanes a expresar su voluntad en un referéndum democrático y reconocido. Sería anacrónico.

Nadie tiene ganas de reconocer un nuevo Estado en Europa.
Pues hay momentos en que reconocer nuevos estados es imperativo para los grandes estados [de la UE]. Recuerde Yugoslavia. Las partes que la constituían (Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia...) querían separarse. La parte dominante, Serbia, pretendía resolverlo por la fuerza, porque tenía el control del ejército. Desgraciadamente se le dejó hacer. La UE debía intervenir antes, al principio del conflicto, aceptando que Yugoslavia no podía seguir unida más que por la fuerza. Por desgracia, a la UE le faltó liderazgo político para hacerlo. Nos habríamos ahorrado todos aquellos episodios sangrientos.

Bruselas debería enviar una delegación a Madrid para asegurar que no se utiliza la violencia y hacer una propuesta para celebrar discusiones formales [entre los gobiernos español y catalán]. 

Los estados bálticos o los ex-yugoslavos no dicen nada sobre Catalunya.
Es muy extraño, muy extraño. Ahora bien, nadie puede esperar que esos países digan "de acuerdo, reconocemos la independencia de Catalunya". No es esta la cuestión ni lo que ahora toca hacer a los actores externos. Lo que hay que esperar de ellos es que defiendan el derecho de los catalanes, o de cualquier otro pueblo, a la autodeterminación por vías democráticas. Es un derecho absoluto de los catalanes que se les reconozca este derecho, como a Escocia, y es derecho de otros países reconocer la decisión [de los catalanes]. ¡No es tan complicado!

¿Está diciendo que en la medida en que el gobierno español impide a los catalanes decidir su futuro da más razón a su caso y a la necesidad de intervención de la UE?
Si alguien ha convertido todo eso un asunto político es precisamente el gobierno de Madrid. Con el recurso a la violencia para evitar que los catalanes expresen su voluntad en un referéndum, Madrid ha traspasado una línea roja y ha convertido todo un asunto político que pide una solución política. La cuestión legal es un argumento secundario. Fíjese en el caso escocés, que está lejos de haberse cerrado. Si el gobierno británico hace una mala gestión política de esta chapuza que es el Brexit, Escocia no tendrá otra opción que declarar la independencia si quiere mantenerse dentro de la UE. Cuando se celebró el referéndum del Brexit ellos optaron por permanecer dentro de la UE. ¿Por qué tienen que seguir la decisión de los ingleses de abandonarla?

Islandia tampoco dice nada sobre el caso catalán.
Es que estamos en crisis ¿sabe? El gobierno cayó hace unas semanas y estamos a punto de celebrar elecciones para constituir otro. Por eso todavía no nos hemos pronunciado.