Los secretarios generales de CC. OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto con 70 juristas, han firmado un manifiesto en que se pide una reforma del Código Penal para definir el delito de terrorismo de acuerdo con la normativa europea. Esta exigencia nace después de que el 29 de febrero pasado el Tribunal Supremo (TS) abriera causa penal contra Carles Puigdemont por supuestos delitos de terrorismo en relación con el caso Tsunami Democràtic. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, catedrático de Derecho Penal y hermano de Joan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, uno de los magistrados que impulsaron la apertura de la causa por terrorismo contra Puigdemont.
El manifiesto expresa preocupación por la aplicación expansiva del delito de terrorismo al Código Penal, especialmente después del auto mencionado previamente. Desde el punto de vista de los firmantes, la interpretación del Supremo se podría acabar aplicando la calificación de terrorismo a las tractoradas de los agricultores, a los bloqueos de las carreteras por transportistas organizados y, "naturalmente", también a los trabajadores en sus acciones de huelga y manifestación, "a pesar de hacerse en el ejercicio de un derecho fundamental".
Además, en el manifiesto se recuerda que en el Estado español ha sufrido a lo largo de su historia los ataques de grupos terroristas de verdad como ETA, GRAPO o los ataques yihadistas. Justamente por eso, piden no confundir la protesta con el terrorismo, como está pasando con el caso Tsunami Democràtic.
Cambios en el artículo 573 del Código Penal
"Por las razones expuestas, instamos los grupos parlamentarios a proceder a una reforma del artículo 573 del Código Penal que vuelva a definir el delito de terrorismo como lo que efectivamente es, según la normativa europea", prosigue el texto, en qué explican que la definición de la normativa española es más amplia que la de la UE, cosa que ha llevado a una interpretación exagerada que incluye actos de protesta social como terrorismo, cosa que no tendría que pasar.
En el hilo de esta petición, CC. OO. y UGT han destacado "la larga tradición democrática de España" en el ejercicio de derechos fundamentales, como la reunión, la manifestación y la huelga, y han advertido que en este tipo de acciones pueden producirse "excesos" con disturbios que alcancen cierto grado de violencia", por lo cual han subrayado la importancia de distinguir, "con total precisión", lo que son desórdenes públicos, de lo que es terrorismo.
Archivado el caso Tsunami
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado archivar provisionalmente la causa del Tsunami Democràtic, después de que la Sala de lo Penal haya invalidado todas las diligencias que había practicado desde el 30 de julio del 2021. El archivo de la causa beneficia a las 10 personas que estaban siendo investigadas por terrorismo, entre las cuales está la secretaria general de ERC, Marta Rovira, así como Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Capmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní, Oleguer Serra y Nicola Flavio. El Supremo todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre las investigaciones de Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, que derivaban también de las actuaciones de García-Castellón.