La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vive en una campaña política constante. Coincidiendo en la presentación de un proyecto por promocionar el turismo más allá de la capital denominado 'Madrid, de pueblo en pueblo,' ha ligado la actualidad política en su discurso para cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Nuevamente, otro ejemplo claro de quién considera su rival directo Ayuso, La Moncloa y no la oposición de los miembros de la Asamblea madrileña.
"Veo sorprendiendo que puedas cambiar de sexo o puedas abortar al margen de tus padres y que no puedas optar a becas de bachillerato o Formación Profesional si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro y que, por lo tanto, tu esfuerzo, tu mérito y tu superación, no expliquen", ha declarado Ayuso. De rebote, ligando un tema con otro que no tiene nada con ver, la presidenta madrileña ha querido justificar sus políticas hacia la privatización de las escuelas donde apuesta por modelos que excluyen el acceso de un menor dependiendo del barrio donde vive. Así lo constatan todos los informes pero Ayuso lo contradice.
Las cifras y los sindicatos constatan otra realidad
Hay que recordar la oposición por|para su política de ayudas a centros privados a través de cheques para familias que ingresan más de 100.000 en el año, justificante que ve "sorprendiendo" que los menores puedan cambiar de sexo o abortar" al margen de los padres, pero no puedan optar a una beca en función del nivel adquisitivo. La Consejería de Educación ya anunció en abril que aumentaría la renta máxima para optar a una beca a bachillerato en centros privados de 10.000 a 35.913 euros per cápita.
No sólo los datos se giran contra Ayuso. Desde la secretaria general de la Federación de Enseñanza en Madrid, Isabel Galvín, recuerda que los cheques de ayudas que ofrece la Comunidad no suponen el 100% del coste de los cursos. "En lugar de invertir en Formación Profesional, abrir más centros, contratar más plantilla y dar salida a la demanda creciente de FP pública, lo que hacen es poner un parche, que es además una herramienta para trasvasar estudiantes al sector privado. A la última década la FP pública ha perdido un 22% de sus plazas, y es por|para medidas como esta, que atacan la enseñanza pública de manera frontal", ha criticado Galvín por Europa Press.