Si nada cambia a última hora, la Mesa del Parlament programada para las 12 horas del mediodía de este jueves acordará la suspensión de los derechos y deberes de Laura Borràs como diputada, lo que también implicará que ya no podrá ejercer de presidenta del Parlament. En concreto, esta decisión que ya han asegurado que promoverán tres de los cuatro partidos de la Mesa si ella no acepta la suspensión antes, el PSC, ERC y la CUP, supondrá que Borràs, desde ese momento, no pueda ejercer la representación política de la cámara, no tenga derecho a asistir a los plenos del Parlament, no pueda votar, no pueda participar en las comisiones ni tampoco cobrar su sueldo.
🔴 Laura Borràs, suspendida como presidenta del Parlament | DIRECTO
Esta suspensión se hará siguiendo lo que fija el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que establece que la Mesa, una vez se ha hecho acto de apertura de juicio oral contra un diputado del Parlament por delitos vinculados con la corrupción, tiene que acordar su suspensión de manera inmediata. Un artículo que Borràs y los mismos letrados han cuestionado en más de una ocasión y que fue introducido por la CUP durante una reforma del reglamento antes de octubre del 2017.
Hasta última hora todos los partidos del Parlament excepto Junts per Catalunya han presionado a Borràs pidiéndole que se aparte voluntariamente, principalmente para preservar la cámara de una nueva polémica y no utilizarla para finalidades individuales. La presidenta de la cámara, sin embargo, hace semanas que ya anunció que no pensaba dimitir precisamente para preservar la honorabilidad de la institución, y así lo ha ido repitiendo día tras día. De hecho, el martes mismo por la noche, después de que se le abriera juicio oral por los delitos de prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, hizo un largo hilo de Twitter donde defendió una vez más su inocencia y reiteró que es víctima del lawfare: "He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho y no. Y los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía", proclamó la presidenta, para después pedir a los partidos independentistas que no la dejen caer.
A pesar de que Junts haya hecho múltiples llamamientos a ERC y la CUP para hacer un frente común para preservar a la presidenta, que aseguran que es víctima de la represión del Estado, estos dos partidos ya han pasado esta pantalla asegurando que los delitos por los cuales se la acusa están vinculados a la corrupción, y por eso ya han instado en Junts a presentar a una persona que pueda sustituir a Borràs durante todo este tiempo que se pueda alargar el proceso judicial. Por su parte, la presidenta del Parlament, considera que no hay que nombrar a una nueva presidenta y que sencillamente durante el tiempo que dure el proceso judicial, alguien la tendrá que sustituir para hacer sus funciones. Con el reglamento del Parlament en la mano, corresponde hacerlo a la vicepresidenta primera, la republicana Alba Vergés, aunque ERC ya ha mostrado su predisposición a que la sustituya alguien de Junts, siguiendo con aquello acordado al pacto de investidura de Pere Aragonès donde se pactó que las funciones de la presidencia del Parlament corresponden a los socios de gobierno. Para hacerlo, sin embargo, habría que hacer cambios en la Mesa, como por ejemplo que Vergés deje la vicepresidencia y sea para alguien de Junts, o que Borràs se aparte y dé paso a una nueva elección, una opción que de momento descarta, aunque cualquier cambio puede existir hasta última hora.
Manifestación de apoyo a Borràs
Esta Mesa se celebrará no exenta de polémica. El grupo de apoyo de Laura Borràs ya ha convocado una manifestación delante de las puertas del Parlament a las 11.30 horas, media hora antes de iniciarse la Mesa, para movilizarse contra esta suspensión. Su grupo de apoyo, que ya organizó un acto semanas atrás, considera que todo "es un caso de persecución política", reivindica la presunción de inocencia y pide preservar los derechos fundamentales de Borràs. Este grupo de apoyo, impulsado por el entorno de la presidenta, hizo hace unas semanas un manifiesto para acompañar a Borràs en esta causa judicial, y recibió la adhesión de personalidades como Carles Puigdemont, Quim Torra o Lluís Llach, entre más de 7.000 personas.
La última decisión: condiciones de los trabajadores
Antes de empezar esta manifestación y la decisiva Mesa del Parlament que se celebrará a dos días de cerrarse la cámara por las vacaciones de verano, Borràs tendrá que afrontar una última polémica que ha marcado este año la actividad parlamentaria: la negociación con el Consejo de Personal del Parlament para pactar las nuevas condiciones laborales. Esta negociación llega después de estallar a principios de año la polémica de las licencias por edad que permitían a trabajadores cobrar sin ir a trabajar y que se eliminaron del régimen interno del Parlament después de la polvareda levantada. A partir de entonces se pactó un nuevo régimen consistente en conceder excedencias y reducciones de jornadas bonificadas, pero se congeló a última hora a petición de Borràs, lo que generó una condena por parte de los trabajadores contra la presidenta y la Mesa, a quienes ya habían criticado durante la gestión del caso del diputado de la CUP Pau Juvillà, que perdió su escaño y después Borràs responsabilizó en parte a los funcionarios.
Así, a las 9.30 horas, la jornada que se prevé complicada para la presidenta del Parlament empezará con una Mesa para acordar una propuesta sobre las condiciones de los trabajadores que más tarde se debatirá y votará en la Comisión de Asuntos Institucionales. Si sale aprobada y de nuevo, si nada cambia, esta será la última acción de la presidenta del Parlament mientras no se resuelva su caso, que podría acabar con una sentencia absolutoria que le permitiría recuperar sus derechos y deberes, o con una sentencia condenatoria que la apartaría definitivamente del Parlament.