Nueva estocada al catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), recibida la notificación del Tribunal Supremo, ha dictado hoy el decreto de firmeza de la sentencia de finales del 2020 que obliga al Departament de Educació a la aplicación del 25% de la lengua castellana en todas las escuelas del país, lo soliciten o no las familias. En la resolución, el tribunal da 10 días a la Generalitat para cumplir la orden, aunque todavía puede presentar recurso de reposición. Desde la resolución, ha habido un goteo de centros que han tenido que cumplir el 25% de castellano en aulas concretas a petición de algunas familias. Desde el Departament de Educación se indicó que las órdenes del TSJC se tenían que cumplir, però que protegería a los profesores. Las entidades educativas, aglutinadas en Som Escola, salieron a la calle para pedir que no se retroceda en la protección de la lengua del país.
Desprués de un recurso del Ministerio de Educación del 2015, la sección 5ª de la sala contencioso-administrativa del TSJC dictó el 16 de diciembre de 2020 la polémica resolución, que la comunidad educativa interpretó como un ataque a la inmersión lingüística pactada por todos los partidos políticos. La resolución fija que una asignatura que no sea la de lengua castellana tiene que ser dada en este idioma. En el auto de hoy, el tribunal indica que cuándo Educació reciba la orden tiene "diez días desde su comunicación para que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en la resolución". Sin embargo, se precisa que la parte demandada tiene dos meses para ejecutar la sentencia, tal como establece el artículo 104 de la ley contencioso-administrativa.
Polémica
El noviembre pasado, el Tribunal Supremo (TS) comunicó que no admitía a trámite el recurso de casación que presentó el Govern de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga las escuelas a impartir un 25% de las horas lectivas en castellano y que hace referencia a la ley Wert. La noticia provocó la comparecencia de urgencia de los consellers de Educació, Josep González-Cambray, y de Cultura, Natàlia Garriga. "El Tribunal Supremo se ha extralimitado posicionándose en temas pedagógicos", afirmó González-Cambray. Para que sea de aplicación la sentencia, hace falta que el Ministerio de Educación pida que se ejecute, aseguró entonces.
Los grupos unionistas aprovecharon la resolución del TSJC para abrir una nueva batalla por la inmersión lingüística con todo tipo de mociones. También desde el independentismo se mostró inquietud a raíz de las sentencias del TS y el TSJC que imponen un 25% de clases en castellano en las aulas catalanas. Ante este panorama, el conseller de Educación, Josep González Cambray, defendió el "liderazgo compartido" con los centros y los aisló del "ruido".
El TSJC ordenó la obligación del 25% de castellano a todas las escuelas a partir del proyecto lingüístico del colegio Puig de las Sillitas de Llagostera (Gironès), que pretendía explicitar el catalán "como eje vertebrador" y "lengua vehicular" de enseñanza. La sección quinta de la sala contenciosa administrativa del TSJC decidió que este proyecto "no es conforme a derecho", ya que no garantiza que los niños reciban "una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular en proporción razonable". Con esta última decisión, ya son seis los proyectos lingüísticos que han sido tumbados por el TSJC, que incluyen la Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera (pública), la Escola Frangoal de Castelldefels (concertada), la Escola Aura de Reus (concertada), el Institut els Pallaresos (público), la Escola Bogatell de Barcelona (pública) i la Escola Josefina Ibáñez de Abrera (pública).
Y con la confirmación del Supremo ha habido nuevas peticiones de familias, impulsadas por una plataforma próxima a Ciudadanos. Su líderar Calos Carrizosa, el sábado pasado amenazó a maestros y directores de escuelas e institutos con que si incumplen la sentencia del 25% de castellano podrían ser inhabilitados y quedarse sin trabajo. "Tenemos que advertir y recordar a los funcionarios públicos, y también a los directores de instituto, que tienen que cumplir las leyes. No habría bastantes listas independentistas para todos los que se queden sin trabajo por incumplir la sentencia si son inhabilitados", aseguró.