La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llegó la semana pasada a un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el cual se aceptaba que no entrara a la prisión. En este preacuerdo, González Amador admitía que cometió un fraude a Hacienda por valor de 350.951 euros en dos ejercicios y que utilizó una trama de facturas falsas para ejecutar el engaño. Precisamente, esta semana había cerrado la negociación que incluía una pena de prisión de 8 meses —garantiza que no entre en la prisión— por dos delitos de fraude fiscal en concurso con dos de falsedad en documento mercantil, según adelantan varios medios. El acuerdo saltó por los aires porque la jueza aceptó un escrito del PSOE y Más Madrid solicitando una ampliación de la investigación, motivo por el cual se ha aplazado la declaración del empresario.
Preacuerdo frustrado
El preacuerdo de la pareja de la presidenta madrileña con la Fiscalía y la Abogacía del Estado incluye un primer punto con la descripción del engaño a Hacienda en el impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 y un segundo que señala que los "hechos narrados son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 del artículo 305.1 y 6 en concurso medial cada uno de ellos con un respectivo delito de falsedad en documento mercantil". Según señala El País, el pacto contemplaba una multa del 40% de la cuota defraudada, es decir, 60.000 euros (el 40% de 155.000) y 78.380,56 euros (40% de 195.951,41 euros). Estas dos cantidades se tienen que sumar a los 350.951 euros defraudados y a unos intereses de 2.493,10 euros. En total, la suma es de 491.824 euros. A este acuerdo se tiene que sumar la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pérdida del derecho a obtener ayudas públicas y derecho a disfrutar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 9 de meses por cada uno de los dos delitos contra Hacienda.
El principio de acuerdo revela que el pasado 13 de mayo, la Agencia Tributaria liquidó la deuda de González Amador, que una vez descubierto por Hacienda, había ingresado 525.778,87 euros para evitar la investigación judicial. En el escrito consta un apartado que apunta "al fiscal y la Abogacía del Estado no se oponen en qué se conceda la suspensión de las penas de prisión, para ser las condenas inferiores a dos años, no constar antecedentes penales y estar satisfechas las responsabilidades civiles, condicionada la suspensión a no delinquir en el plazo de dos años". El texto también incluye las penas por sus cooperadores, el mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, y el sevillano David Herrera Lobato. En el primero se le condenaba apenas de 3 meses y 15 días de prisión y una multa de 122.832 euros. Para Herrera Lobato, el castigo era de prisión de 2 meses y 15 días y una multa de 29.392 euros.
Investigación por más delitos
Con todo, el preacuerdo ha quedado frustrado después del escrito de PSOE y Más Madrid, que se han presentado como acusación particular. Los dos partidos consideran que se han cometido los delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable. Además, también consideran que la Fiscalía tendría que haber denunciado por el tipo agravado de fraude fiscal porque aprecian "la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos". Y además, apuntan que hay razones para creer que la cantidad defraudada, que hasta ahora es de 350.951 euros, se tendría que haber revisado al alza, y que podría haber responsabilidad que no se están investigando.