Hoy hace un año que se conoció la sentencia del juicio del procés. Caía la rebelión, pero el Tribunal Supremo recurría a la sedición para mantener el relato de la Fiscalía y justificar la prisión preventiva que se aplicó a los consellers, la presidenta del Parlamento y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart desde el momento de su citación como investigados.
La sentencia, que se filtró horas antes de que fuera pública, condenaba a penas desde los 9 hasta los 13 años de prisión. Oriol Junqueras cumple 13 años de prisión. Los consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, 12. Carme Forcadell, 11 y medio. Joaquim Forn y Josep Rull, 10 años y medio. I Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, 9 años. La sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, absolvió de malversación a los tres acusados que estuvieron todo el proceso en libertad, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. Para justificar la sedición los magistrados sostuvieron una de las teorías de la Fiscalía: que en otoño del 2017 hubo un "alzamiento público y tumultuario" en Catalunya.
Desde el ingreso en prisión preventiva los abogados han bregado para que todos los presos pudieran salido en libertad y, aparte de los recursos para anular la sentencia y las reclamaciones legales para salir de la prisión, se han tramitado también tanto los permisos como los grados que les permitían sólo ir a dormir en el centro penitenciario. Sin embargo, primero la Covid-19, y después, de nuevo, la lucha judicial contra un procés político, los ha hecho retroceder. Sólo salen en tercer grado ahora mismo Carme Forcadell y Dolors Bassa. El resto están encerrados bajo un régimen estricto a causa de los protocolos sanitarios, con terceros grados y 100.2 en suspenso y contados permisos.
¿Con este contexto, qué futuro inmediato les espera a los presos políticos? ¿Cuándo podrán salir de la prisión?
"Es totalmente incierto", dice Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. "Con la ley en la mano tendrían que estar fuera", añade.
Las tres vías para salir de la prisión
Sobre la mesa hay dos vías: el indulto y la amnistía. La tercera vía es Europa. Y es la que ahora mismo ven más factibles las defensas. "El recurso internacional es el que veo más probable", dice Van den Eynde, que recuerda que "siempre que una jurisdicción internacional ha analizado nuestra causa, nos ha dado la razón". Pero para que eso pase, hace falta que el Tribunal Constitucional resuelva primero los recursos que hay interpuestos. Y aquí, volvemos a entrar en el campo de la incertidumbre. Sobre los plazos, también son inciertos. "El TC puede ir rápido por temas de su propia renovación y puede que nos sorprenda", dice el abogado de Junqueras, aunque no pone la mano al fuego. El Constitucional puede tener el caso sin resolver en un cajón hasta 2 años. El problema principal es que ninguno de los plazos e hipótesis legales se cumplen en este caso, que es plenamente político. "Es imprevisible. Puede cambiar un día por el otro", dice Andreu Van den Eynde.
Oriol Junqueras y Raül Romeva en una salida durante el tercer grado / Maria Contreras
Sobre el indulto, la reforma del Código Penal para revisar el delito de sedición y la amnistía, los abogados se decantan por la amnistía como solución preferible, pero ahora mismo tampoco lo ven claro. Tanto la reforma del Código Penal como la ley de amnistía se basan en iniciativas legislativas que podrían tener más futuro que los indultos. Y sobre estas dos el PSOE, el partido fuerte del Gobierno, parece que se decante más por la reforma del Código Penal y el delito de sedición. Pero ahora mismo no hay nada sobre la mesa. Ninguna propuesta de modificación del delito ni tampoco ningún borrador de ley de amnistía. Nada.
Los indultos siguen su camino incierto, también. Es la opción que menos gusta a los presos políticos, pero ahora mismo es la única que ha empezado a caminar. Queda un camino largo, pero ya se han presentado y hará falta que los valore el Gobierno y los valide el Rey.
Salir para volver a entrar
Durante este último año desde conocer la sentencia, los presos políticos han tramitado todos los permisos que les garantiza el régimen penitenciario. Y a pesar de conseguir alguno, ha sido un año de salidas y entradas. De pequeños hitos y grandes retrocesos con respecto a sus derechos y su libertad.
Con la sentencia en mano, a finales del año pasado Servicios Penitenciarios les dio el segundo grado y se empezaron a tramitar los permisos para salir a trabajar o hacer tareas de voluntariado. Se empiezan a dar permisos para pasar el fin de semana en casa, también. Se aplica el 100.2 en medio de los trámites para conseguir el tercer grado que se los adjudica a principios del 2020. Un paso clave para intentar rehacer su vida, pero no su carrera política, porque la condena también los inhabilita para desarrollar cualquier cargo público.
Carme Forcadell en el acto de conmemoración del 40 aniversario del Parlament / Sergi Alcàzar
Ahora mismo el tercer grado está suspendido mientras el Tribunal Supremo no decide si lo deroga. A Carme Forcadell y Dolors Bassa les afecta de manera diferente. Porque a pesar de también estar pendientes del TS, la jueza no se lo ha suspendido y pueden continuar con el régimen habitual de salir de día y volver de noche en la prisión.
La Covid-19 acabó de complicar la situación. Mientras las prisiones se esponjaban favoreciendo los terceros grados, a los presos políticos se les suspendía y se los aplicaban los estrictos protocolos después de las escasas visitas que podían hacer fuera del centro. Eso ha provocado internamientos de 22 horas en las celdas para evitar posibles contagios una vez volvían a la prisión de los permisos durante la fase de desescalada del confinamiento.